En el pleno se ha sustanciado la disgregación del Grupo Socialista, de tal modo que seis de los ocho diputados provinciales de esta formación han pasado a ser no adscritos, mientras que dos se quedan como únicos miembros del PSOE en la Diputación. Este asunto ha motivado los argumentos en contra del portavoz, al menos al comienzo del pleno, Pedro Muñoz, frente a los informes del secretario.

Durante la primera media hora de la sesión, el pleno ha podido verse en directo a través de Youtube, pero no se ha escuchado. A pesar de su trascendencia, ni los presentes en el salón de plenos ni los espectadores que seguían la sesión vía online escuchaban las intervenciones de los distintos portavoces ni el cara a cara que mantuvo Pedro Muñoz con el secretario de la corporación provincial. Silencios, interrupciones, acoples, ruidos… se habían adueñado de la sala sin que nadie advirtiera del problema legal que suponía no tener grabado el pleno.

Por eso, Muñoz ha advertido en dos ocasiones que, si bien no se podía seguir en directo, había que conocer si se estaba grabando porque, en caso negativo, no tendría validez.  Ante esto, el presidente de la Diputación, Carlos García, ha explicado que habría que esperar al final de la sesión para conocer si se había grabado. 

Buen mes de agosto

García esperaba que no hubiera problema porque, antes de acabar el pleno, ha deseado buen mes de agosto a los diputados provinciales. Sin embargo, al rato de acabar la sesión se ha anunciado la anulación del pleno, que se repetirá el miércoles (9 horas).

La comprobación no tardó demasiados minutos en confirmarse, ya que, poco después de acabar la sesión, la Diputación hizo oficial la necesidad de repetir el pleno. Muñoz y sus cinco compañeros vuelven a integrar el Grupo Socialista durante 48 horas al quedar anulada la condición de no escritos tratada en los puntos iniciales de un pleno que será recordado por lo esperpéntico de su desarrollo y, sobre todo, de su desenlace.

Desde la Diputación se ha explicado que “debido a las deficiencias de sonido que se han producido durante el pleno” y, “una vez comprobado que el audio de la grabación no se ha registrado correctamente hasta el tercer punto del orden del día”, y “dada la transcendencia política de los asuntos tratados”, se ha anulado en la totalidad la sesión.

La decisión se ha adoptado “dada la trascendencia política de los asuntos tratados” y “en aras del cumplimiento de la ley y de la transparencia”.

En municipios de más de 20.000 habitantes y en diputaciones provinciales será obligatoria la grabación en audio y en vídeo”. Y es que la Ley 7/2018 de 14 de diciembre Ley 7/2018, de 14 de diciembre, por la que se regula la Conferencia de Titulares de Alcaldías y Presidencias de Diputación, el estatuto de los miembros de las entidades locales y la información en los Plenos es clara al respecto en su artículo 15: “Los plenos de las entidades locales, al objeto de salvaguardar la participación de sus miembros dejando constancia del contenido de sus intervenciones, serán objeto de grabación y archivo oficial durante un plazo mínimo de tres meses”.