El fallo le permite mantener su vehículo en propiedad, tal y como ha informado la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, especializada en la aplicación de dicha ley.

Después de tres años como autónomo, el hombre generó "ciertas ir regularizaciones con la Agencia Tributaria", si bien las reclamaciones de esa cantidad se produjeron "años más tarde, coincidiendo con una disminución de su jornada laboral", lo que influyó "directamente en su solvencia".

Según la asociación, esta situación hizo que "tuviera que priorizar los pagos a Hacienda", aunque se le hacía "muy cuesta arriba compatibilizarlo con los gastos habituales". Por ello, sufrió "la primera ejecución de embargo en su nómina". Esta circunstancia le condujo a "solucionar el problema", recurriendo a la Asociación de Ayuda al Endeudamiento.

Ahora, el afectado ha recibido la sentencia, contra la que cabe interponer recurso de reposición, consiguiendo "el perdón de todas las obligaciones", teniendo que satisfacer únicamente la parte "no exonerable" de la deuda pública, que son cinco cuotas de 241,57 euros cada una.

El abogado de la asociación, Fran Bautista, ha señalado que el primer trámite ante este tipo de problemas consiste en "comunicar a los juzgados competentes la situación del deudor", señalando que "ha perdido sus ingresos habituales y no puede hacer frente a sus deudas", lo que hace que "se paralice cualquier obligación de pago".

Intento de acuerdo

Durante ese primer periodo, se intentó llegar a un acuerdo entre acreedores y deudor para abonar la deuda en plazos acordes a sus ingresos previstos, pero ese plan de pagos propuesto "no fue aceptado por las distintas entidades bancarias, ni fue contestado por las administraciones públicas".

"Esto, paradójicamente, es lo que permitió solicitar al Juzgado de A Arenas de San Pedro el perdón de sus deudas", ha relatado el abogado de la asociación, quien apunta que "como suele pasar en estos casos, esta resolución obtuvo la oposición de la administración por sus créditos en la exoneración".

Al respecto, ha apuntado que la magistrada "no se dejó influir por la alegación" y, siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo, confirmó la cancelación de la deuda pública a través de una resolución fechada el pasado 29 de junio, concediendo el beneficio al deudor.

Una vez comprobados los requisitos y concedida la segunda oportunidad, ha quedado libre de pagar 121.124,42 euros que arrastraba en deudas y solo tendrá que abonar la parte "no exonerable" del crédito público, que son cinco cuotas de 241,57 euros.

Según la asociación, este fallo "deja sin posibilidades de cobrar absolutamente nada" a los acreedores del asociado, entre los que figuran BBVA, Caja Rural o la Agencia Tributaria, permitiendo que el ex-deudor quede "excluido de cualquier fichero de morosidad". Este caso se une al de un matrimonio de Arenas que vio exonerada una deuda de 110.000 euros en marzo.