Un conflicto que empezó en 2019, cuando pasaron de “tener un clima de trabajo satisfactorio y agradable, a pesar de las bajas condiciones salariales y del desgaste personal por el trabajo” que desarrollan a “ser considerados parte del material inventariable”. Consideran que la empresa “organiza a su antojo, sin consideración alguna, hacia las condiciones personales de cada trabajador o trabajadora, a su dignidad, a su derecho a la conciliación con la vida familiar y personal”.

Por ello, se han vuelto a manifestar con el objetivo, una vez más, de poner en conocimiento de la sociedad abulense y de las autoridades competentes el “enorme malestar de la plantilla de centro de trabajo residencial Espíritu Santo”, que es el que emplea al mayor número de trabajadores de la empresa.

“Juicios ganados, no respetados”; “Esto es Pronisa, no solo las fotos”; “Menos postureo y más respeto”; “Pronisa, respeta las sentencias” y “Nosotros somos servicios esenciales”, fueron algunas de las frases que se pudieron escuchar durante la manifestación.

Cuatro sentencias incumplidas 

La dirección de Pronisa, según el presidente del comité de empresa de CCOO, José Blázquez, “aprovecha la lentitud de los procedimientos judiciales para eludir el acatamiento de las sentencias que pierde, dedicando para ello tiempo y recursos económicos de la empresa que son, en su mayoría, de procedencia pública”. Y, es que, son ya cuatro las sentencias desfavorables para la empresa. La última de ellas tuvo lugar en marzo, pero “desde enero de 2020 la empresa ya no atiende los mandatos judiciales de reponernos en nuestras condiciones anteriores”.

Los trabajadores han judicializado el mantenimiento de la jornada anual, los complementos personales y el régimen de descansos en los servicios residenciales. “No nos dejan más opción que ir encadenando demandas en el juzgado”, apuntan.

“Nos sentimos muy perjudicados porque la última sentencia dice que es injustificada la modificación sustancial de las condiciones de trabajo y siguen sin respetarlo”, afirma Miguel González, vocal de UGT en el comité de empresa. 

Por ello, han solicitado al subdelegado de la Junta de Castilla y León, José Francisco Hernández, que se interese en colaborar en la resolución del conflicto y en la medida de lo posible intervenga para “lograr reconducir la deriva que están tomando los acontecimientos”. Unos hechos, que perjudican a “todas las partes implicadas y que pueden interferir en la buena marcha de la empresa y terminar deteriorando la calidad de los servicios” que prestan a las personas con discapacidad.