Estos riesgos son “especialmente significativo en las provincias en que es habitual la quema del matorral para generación de pastos, limpieza de montes o manejo del combustible vegetal”, aunque en Ávila está prohibida la quema desde el miércoles.

Esta medida implica, entre otras cuestiones, la activación de las cuadrillas terrestres contratadas por la Junta de Castilla y León que se encuentran haciendo labores de selvicultura preventiva para su asistencia inmediata a los incendios que pudieran surgir, junto a la suspensión de todas las autorizaciones o comunicaciones para el uso del fuego para quema de restos vegetales que se hubieran podido tramitar.  

Otra de las medidas adoptadas es la activación de personal de guardia, tanto de agentes medioambientales como de técnicos especialistas en extinción de incendios forestales en todas las provincias, de forma diferencial en las de mayor riesgo (León, Zamora, Salamanca y Ávila).

Sin precipitaciones

El nivel de riesgo se ha incrementado en los últimos días por la continuidad de la situación anticiclónica con heladas en un contexto de anomalía de precipitaciones, que en gran parte de la Comunidad está ocasionando un déficit hídrico relevante en la vegetación, que la predispone para arder con facilidad cuando se da un agente causante: en algunas zonas, la precipitación caída en este año hidrológico es en estos momentos de más de 400 milímetros menor de lo que correspondería a un año medio.

Ello ha recomendado abordar esta medida excepcional que ya se había aplicado en León, Zamora, Salamanca y Ávila desde el pasado viernes, y que ahora se extiende al conjunto de la Comunidad.

Desde la Junta de Castilla y León se confía en que la población siga extremando la prudencia en sus actividades de trabajo y ocio al aire libre para evitar el inicio de un posible incendio y, en caso de producirse, alerte a través del 112. Al mismo tiempo se insiste en que la quema de matorral o monte sin autorización expresa, con cualquier finalidad, es una práctica prohibida que puede poner en grave riesgo vidas humanas, poblaciones y otros bienes, así como nuestro patrimonio natural y cultural, y que además puede ser constitutiva de delito, por lo que se efectúa un llamamiento a la responsabilidad y a la colaboración ciudadana para evitarlos.