Nos referimos a los proyectos mineros para extracción del feldespato, cuyo impacto en la creación de empleo va a tener lugar en la industria cerámica de Castellón y cuyos beneficios van a parar a los accionistas mayoritarios de empresas del sector de la cerámica y del vidrio, que operan en el mercado global, y; también, a desastres medioambientales como el incendio que asoló 22.000 hectáreas el verano pasado en la Sierra de la Paramera.

Este incendio, y su pésima gestión, vienen a profundizaren la herida de la desigualdad, la exclusión y la invisibilidad social y territorial que facilita la llegada de nuevos emprendimientos neoxtractivistas, con la excusa de la creación de empleo. Una promesa falaz en un territorio en el que opera desde hace décadas una lógica de desarrollo insostenible empeñada en vaciarlo de recursos humanos, económicos, culturales y paisajísticos.

Una estrategia de vaciar para luego llenar. Una tormenta perfecta en la que no solo intervienen parámetros como las altas temperaturas, el nivel de humedad y la velocidad del viento, sino también la desigualdad social y la pobreza, la falta de oportunidades de empleo y de servicios, acompañada de una práctica política cada vez más alejada de sus ciudadanos y  más afín a los intereses del gran capital. 

Esto que empezamos a atisbar en lo alto de nuestras sierras y en el fondo de nuestros valles con los proyectos de minas de feldespato a cielo abierto, no es nuevo, ya está ocurriendo en otras regiones del mundo desde hace décadas. En América Latina, los emprendimientos de extracción de los recursos naturales a gran escala tienen los mismos ingredientes y operan bajo el mismo discurso a los que se suma la violencia institucional y del crimen organizado contra líderes sociales de organizaciones en defensa del territorio, la corrupción política y el desplazamiento forzado de la población por razones ambientales y de salud. No somos alarmistas, pero las condiciones que ha de cumplir una empresa que extrae un recurso natural para integrarse en la cadena de valor de la economía global, vienen impuestas por las empresas multinacionales, y son las mismas aquí, en España, y allí, en América Latina. Son las grandes corporaciones transnacionales, en las que priman estrategias de concentración empresarial, las que deciden qué recursos explotar y cómo explotarlos, y lo hacen en puntos neurálgicos cada vez más alejados de los territorios en los que tiene lugar la extracción y, por lo tanto, ajenas a lo que es especifico de cada territorio y a los intereses de su población.

Pero volvamos a nuestras latitudes y “a lo que está en juego”, que no es otra cosa que la defensa de nuestro patrimonio natural y cultural que se sitúa en la base de muchas cosas: en primer lugar, de la pervivencia de una cultura rural que posee las claves de la gestión y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales a través de su relación histórica con el paisaje y sus ecosistemas; en segundo lugar, del sentimiento de arraigo, de identidad individual y colectiva de una población residente que posee fuertes vínculos personales con estos pueblos que son los suyos, donde conservan la casa familiar, la memoria, los amigos de la infancia, y los recuerdos de un espacio vivido; en tercer lugar, de iniciativas empresariales de turismo cultural y de naturaleza para una población urbana que necesita de escapadas hacia espacios con más calidad de vida y; en cuarto y último lugar, es el espacio de nuevos movimientos y asociaciones que luchan para hacer frente a los desafíos planetarios como el cambio climático, la escasez de agua, la pérdida de la biodiversidad y de un valioso  conocimiento local, una “forma de hacer” peculiar, que expresa una visión del mundo. 

Estas formas de organización ciudadana, constituidas en plataformas y asociaciones en defensa del territorio desde 2017, aportan un valor incalculable al territorio. Nos referimos a las plataformas ciudadanas: “No a la Mina en la Sierra de Yemas” y “No a la Mina en la Sierra de Ávila”, y a la asociación “En Defensa del Territorio”, que han sido capaces de parar sendos expedientes mineros a pocos kilómetros de la ciudad de Ávila; a la plataforma “No a la Mina en el Valle del Corneja” y la asociación “Vive el Valle del Corneja”, que han hecho frente a dos expedientes mineros, y que en la actualidad se enfrentan a un nuevo permiso de explotación (Madueña 1149). También, las asociaciones “Sierra de Yemas” y “Entre Río de Sotalbo”, que han saltado a la luz pública como consecuencia del incendio de este verano en la Sierra de la Paramera, convocantes de la manifestación celebrada el sábado 20 de noviembre en Ávila, bajo el lema ‘Se pudo parar’. 

Y es que, a ras de suelo, se pueden observar evidencias claras de esta “nueva ruralidad” en el liderazgo, la organización, composición de dichas estructuras de participación y formas de movilización compartidas. Esta ciudadanía organizada apuesta por estructuras horizontales, participativas y espacios de concertación en los que cada uno aporta lo que tiene, por un lado el conocimiento de la cultura tradicional y ancestral en el manejo de bosques, pastos, agua, ganado y tierras, por otro el conocimiento de sectores económicos como la hostelería y turismo rural. A ellos se unen un conjunto de profesionales de las ciencias sociales, de la salud y los servicios sociales, maestros, abogados, periodistas y economistas, vinculados a estos pueblos, que ponen sus habilidades y su experiencia  al servicio de la defensa del territorio. El repertorio de acciones es muy amplio: desde la presentación de alegaciones, acciones de protesta en la calle, presencia en medios de comunicación, charlas informativas, reuniones con políticos, acciones de sensibilización de carácter lúdico-deportivo, acciones judiciales, y el establecimiento de redes y alianzas con otros actores, incluidas las universidades.

Este nuevo grupo de activistas en la defensa de nuestras sierras y valles abulenses, que “multiplica” la población del territorio, que construye nuevas identidades, que conoce las formas de gestión tradicional de los recursos, que entiende y domina el lenguaje tecnocrático, que conoce las formas de organización, participación y movilización  de la ciudadanía y que se aleja de afiliaciones partidistas, suponen un serio inconveniente para los planes de algunos dirigentes políticos y élites empresariales de mercantilización de nuestro territorio, a costa de la salud, del medio ambiente, de los recursos naturales, y de la propia vida.