Durante la segunda y última sesión del juicio contra el alcalde, Francisco Hernández, y exalcalde Julián Martín de Mombeltrán han testificado varios vecinos de la zona, que protestaban sobre los ruidos de la actividad del bar Esperanza, que posteriormente se denominó La Taberna del Villano, secretarios del Ayuntamiento de la localidad y dos agentes del Seprona de la Guardia Civil.

A los acusados se les culpa de un delito de prevaricación administrativa por su “inactividad prolongada en el tiempo y absoluta pasividad” ante las quejas de varios ciudadanos de “los ruidos en el interior del bar, así como del incumplimiento de horarios”.

Dichas protestas, que remontan al año 1987, se realizaban tanto por escrito como de forma oral y fueron supuestamente ignoradas por ambos alcaldes. Aunque la defensa de Francisco Hernández ha resaltado que las quejas habían sido respondidas, a pesar de que “no adjuntaban ninguna fotografía o vídeo que apoyará sus denuncias”.

Para la defensa de los acusados, detrás de las denuncias que se realizaban en el Ayuntamiento al establecimiento había “un problema personal y su objetivo era cerrar el bar”. Por otro lado, los abogados de ambos alcaldes no consideran que exista un delito de prevaricación administrativa, ya que en varias ocasiones respondieron a las quejas de los denunciantes, o actuaron con la ordenanza de terrazas y otra serie de medidas. Además, en el caso de Francisco Hernández, pidieron ayuda a administraciones como la Junta y Diputación Provincial.

Otra de las acusaciones hace alusión a un atentado contra el medio ambiente por parte del bar Esperanza, un delito del que la dueña que regentaba el local fue absuelta en un juicio anterior.

Mediciones acústicas

Durante el juicio, dos agentes del Seprona de la Guardia Civil han explicado la inspección que realizaron para comprobar el ruido que producía la actividad del establecimiento y para conocer de primera mano las condiciones en la que se encontraban los vecinos de la zona.

Para comprobarlo, ambos agentes acudieron en dos ocasiones a una casa colindante con la Taberna del Villano y realizaron varias mediciones. Fue el segundo sábado cuando percibieron altos ruidos que procedían del interior del local, donde “las ventanas y las puertas permanecían abiertas”, y decidieron realizar varias pruebas de contaminación acústica.

Durante cinco horas, los agentes estuvieron realizando varias mediaciones, registrando el punto más alto a las 23.30 horas. Ruidos que según los agentes “se podían haber evitado cerrando las puertas del local”.

Con las puertas del establecimiento cerradas, a las 3.30 horas de la madrugada, los agentes volvieron a realizar una medición para comprobar los ruidos que se generaban tras su actividad.

Quejas sin pruebas

Uno de los secretarios del Ayuntamiento, que ha acudido al juicio en calidad de testigo, ha reconocido que muchas quejas se realizaban de forma verbal y sin pruebas. No obstante, ambos alcaldes se habrían puesto en contacto con la Guardia Civil para atajar el problema. 

“Durante mi segundo periodo" como alcalde "hemos hecho lo posible para atender a las quejas de estos señores, pero evidentemente tiene que haber un equilibrio porque lo que quiere la acusación considero que no es legal”, ha manifestado el actual regidor de Mombeltrán.

Ley antitabaco

Con la entrada en vigor de la ley antitabaco, en 2011, las terrazas se convirtieron en la solución de fumadores y hosteleros. Sin embargo, para los vecinos colindantes con este tipo de negocios supuso “el fin de su descanso”.

“Antes no estaba prohibido fumar en los establecimientos, por eso no había terrazas”, explicaba uno de los perjudicados de esta nueva normativa y aseguraba que “solo querían que respetaran los horarios para poder descansar”. Para la instalación de estas zonas habilitadas y su funcionamiento, el Ayuntamiento de Mombeltrán, bajo el mandato de Francisco Hernández, realizó una ordenanza municipal, donde llegó a cerrar el tráfico a los vehículos rodados para evitar posibles accidentes.

No obstante, varios vecinos se quejaron de la iniciativa y tuvieron que abrir de nuevo la circulación, además eliminaron el exceso de sillas y mesas de las terrazas, aunque “la dueña del bar hacía lo que le daba la gana”, según los testigos.

Una de las testigos ha manifestado que tiene graves problemas de salud a raíz de la actividad del bar Esperanza: “Del estrés me quede calva y tengo una arritmia que me obliga a llevar siempre mis pastillas en el bolso”, ha declarado, mientras que ha asegurado: “no podíamos ver la televisión, teníamos las ventanas cerradas y escuchábamos mejor las conversaciones del bar que las nuestras. No podíamos dormir”.

Una lucha de boxeo

El bar Esperanza realizaba conciertos en directo, concentraciones de moteros, y según han afirmado algunos testigos, uno de los días se produjo “una lucha de boxeo”. Fue entonces cuando algunos vecinos decidieron llamar a la Guardia Civil, a pesar de que, para ellos, “están para cosas más graves, es el Ayuntamiento quien tiene que responder a nuestras quejas”.

Tras las dos sesiones de la vista oral, la Fiscalía mantiene su petición de 15 años de inhabilitación, aunque ha asegurado que en el caso de Francisco Hernández existen dudas sobre su “pasividad”. Para la acusación particular “los dos acusados han elevado el sufrimiento de todos los vecinos”, además consideran que existe un delito contra el medio ambiente y por esta razón piden tres años de cárcel.