El fiscal, por su parte, ha solicitado en el comienzo de la vista oral 15 años de inhabilitación a cada uno de ellos.

Según se ha conocido en la primera jornada del juicio, un vecino de Mombeltrán había presentado, desde el año 1987, varias quejas al Ayuntamiento de la localidad por los ruidos que se generaban en el bar restaurante Esperanza, que posteriormente paso a denominarse La Taberna del Villano. 

Estas denuncias no las habrían tenido en cuenta ninguno de los alcaldes, que han gobernado la villa en las últimas décadas, y que han sido rivales políticos desde años, donde se han alternado en la alcaldía. Y, según se ha afirmado, los regidores “omitieron las inspecciones acerca de las posibles infracciones” del establecimiento y tampoco pidieron “auxilio a otras administraciones, pese a los requerimientos recibidos al efecto por el Procurador del Común de Castilla y León y por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta.

Durante la sesión del miércoles han comparecido el denunciante y cuatro testigos, que eran vecinos de la zona donde se producían los ruidos, que provenían del bar Esperanza, actualmente cerrado.

El fiscal solicita para ambos acusados 15 años de inhabilitación especial para cargo público. Sin embargo, para la acusación particular no es suficiente y pide tres años de prisión, 24 meses de multa con una cuota diaria de 20 euros (14.600 euros) y una indemnización de 10.000 euros por los daños causados. Mientras, los letrados de los acusados requieren la libre absolución para sus patrocinados.

Sin motivos

El que fuera alcalde de Mombeltrán por el PP, Julián Martín, ha explicado durante su  declaración que “no había motivos para hacer” algo al respecto, ya que los denunciantes no habían aportado pruebas. No obstante, el Ayuntamiento contrató una empresa homologada para ver si tenían razón en sus quejas, pero “no había ruidos”. Martín quiso hacer alusión a un posible enfrentamiento entre el denunciante y el dueño del bar Esperanza porque “en la zona había otros bares y discotecas”.

Además, durante su intervención ha recordado que el Ayuntamiento de Mombeltrán no cuenta con Policía Local y que las quejas debían de realizarse en el cuartel de la Guardia Civil.  

Por otro lado, el regidor actual, Francisco Hernández, que también ocupó la alcaldía en otros dos mandatos anteriores, se ha referido a la ordenanza municipal reguladora de terrazas con la que intentó atajar el problema de los ruidos a altas horas de la madrugada. Sin embargo, para los testigos esta normativa no fue suficiente, ya que los ruidos se producían, en muchas ocasiones, desde el interior del local: “tenían las ventanas y las puertas abiertas”.

El actual regidor, que pertenece a Por Ávila y fue alcalde con el PSOE y Ahora Decide, ha reconocido haber recibido fotografías sobre la situación de las terrazas en una ocasión, y ha explicado que hablaron con los dueños del local para limitar las zonas de los veladores y prohibir la televisión en el exterior. “Es algo personal que nos han metido a la Corporación municipal (…) El nivel de quejas que presentaban era agobiante”, ha afirmado.

No obstante, Hernández pidió ayuda entonces a la Junta de Castilla y León y a la Diputación de Ávila para tratar de solucionar el problema, aunque meses más tarde dejaría su cargo hasta que volvió a ocuparlo en 2019. 

Malos de la película

Por su parte, la acusación particular ha asegurado que “nunca” han recibido contestación por parte del Ayuntamiento ante la incómoda situación de su cliente. Y han significado que, lejos de buscar alguna solución, desde el equipo de Gobierno se referían a ellos como “los malos de la película”. 

Una testigo, vecina del entorno del denunciante, ha confesado que tuvo que realizar obras en el interior de su vivienda para poder descansar durante la noche. Asimismo, denunciaban que el sistema de extracción de humos y gases de la cocina del local no estaba adaptada a las condiciones necesarias y era “una molestia” para los vecinos. Julián Martín, el exalcalde, conocía todos los inconvenientes y el expediente sancionador de prevención ambiental de la Junta, sin embargo, concedió la licencia ambiental al establecimiento, según se ha asegurado desde la Fiscalía.

Con respecto al actual alcalde, concedió la licencia de apertura para la actividad como ‘bar de categoría especial’ conociendo las diferentes irregularidades del local.

Las defensas de los acusados se han mostrado disconformes con el Ministerio Fiscal y con la acusación particular, negando que exista hecho punible y han pedido la libre absolución. El juicio terminará el viernes con la testificación de agentes del Seprona de la Guardia Civil.