La institución provincial considera que dichos informes no eran preceptivos o vinculantes y "no deberían haberse emitido", según el presidente de la institución provincial, Carlos García.

En este sentido, García ha señalado que el pasado 18 de febrero la Junta de Gobierno del Consorcio Provincial aprobó de forma "unánime" que la institución provincial destinara 300.000 a ayudar a los colectivos no esenciales que habían tenido que cerrar, "miles de negocios que lo mal" y que platearon contar con la ayuda para pagar esa tasas.

Todos los grupos, excepto Por Ávila han aludido a ese respaldo económico para que el consorcio haga públicas esas ayudas para que los negocios que las demandas las puedan recibir. Y ello, teniendo en cuenta que las circunstancias son “atípicas". El Ayuntamiento de Ávila estudiará si impugna la bonificación de la tasa ante una "posible ilegalidad".