La Junta de Gobierno del Consorcio Provincial Zona Norte ha acordado, en el punto número 2 del orden del día, la aprobación de las bases de una convocatoria de ayudas para toda la provincia por valor de 300.000 euros, sin embargo la aprobación se ha hecho con los informes desfavorables del secretario y del interventor de la institución, funcionarios habilitados nacionales responsables de velar por la seguridad jurídica y la legalidad de las decisiones impulsadas por los órganos de gobierno.

Según el Consistorio de capital, el informe del interventor de la Diputación y del Consorcio Provincial manifiesta que “el motivo del reparo es la falta de competencia” del consorcio “para otorgar un beneficio fiscal mediante una subvención”, y que dicho reparo “tiene carácter suspensivo, por basarse en el motivo recogido en el artículo 12.3 a) del Real Decreto 424/2017 y 216.2 del TRLRHL: falta de competencia para la aprobación”.

De la misma forma, el secretario de la Diputación Provincial y del Consorcio ha puesto sus pegas: “cabe advertir que la ayuda que, por su virtud, pretende reconocerse a terceros no resulta ajustada al concepto legal de subvención, desde la perspectiva de la doctrina del Tribunal Supremo”, y que “el procedimiento de convocatoria de ayudas individuales, sometido a informe, implica el ejercicio de una potestad administrativa con una finalidad distinta de la prevista en el ordenamiento”. 

Asimismo, el secretario, en su informe, indica que “el Tribunal Supremo, en sentencia 1979/2014 de 19 de mayo, hizo un pronunciamiento claro y contundente contrario a estas prácticas”.

Sin informes

Desde el Ayuntamiento se ha destacado que en el seno del consorcio, tras el informe desfavorable del secretario y el informe de reparo del interventor, el presidente del Consorcio Provincial Zona Norte, diputado provincial y alcalde de Martiherrero, José Luis del Nogal, ha decretado el levantamiento del reparo “sin apoyarse en informe técnico alguno”.

“Esto supone que no hay criterio técnico que justifique el levantamiento de dicho reparo y que éste se ha levantado para conseguir un fin político sin tener en cuenta la legalidad e ignorando los informes desfavorables existentes”, se ha advertido desde el Consistorio.

Ante lo que califican como “hechos tan graves”, los tres representantes del Ayuntamiento de Ávila en la Junta de Gobierno del Consorcio Provincial Zona Norte (Juan Carlos Corbacho, de Por Ávila; Manuel Jiménez, del PSOE; y Julia Martín, de Ciudadanos) han votado en contra de la propuesta, poniendo de manifiesto que el sentido del voto contrario se motivaba en el hecho de que la convocatoria de ayudas no se ajusta a derecho, siguiendo los informes del secretario y el interventor.

Tenía que aprobarse

Igualmente, se ha advertido de que lo que se pretendía aprobar podría no ser legal, a lo que el presidente del Consorcio ha reconocido en varias ocasiones que aún no siendo legal tenía que aprobarse, según la versión del Ayuntamiento.

Los representantes del Consistorio, “en aras de salvaguardar los intereses del consorcio, del Ayuntamiento y de los abulenses, solicitarán al presidente del consorcio copia del expediente administrativo de este punto del orden del día y certificación de los acuerdos adoptados, así como el sentido del voto de los miembros de este órgano de Gobierno, con el objetivo de que los servicios jurídicos municipales puedan estudiar la posible impugnación del acuerdo.

También estudiarán si el levantamiento del reparo y la adopción de dicho acuerdo pudieran ser constitutivos de un posible delito de prevaricación o de malversación de caudales públicos. Si se llegaran a constatar indicios de posible delito, inmediatamente se pondrían en conocimiento de la Fiscalía.