Entonces la consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, le destituyó por falta de confianza de un puesto de libre designación, lo que fue recurrido por el afectado, al que una sentencia le dio la razón hace una semana instando a que fuese repuesto en el cargo.

Pero además el funcionario, cuando se quedó sin el puesto y fue destinado provisionalmente a la Dirección Provincial de Educación el 29 de julio de 2020, en una plaza de inferior categoría,  presentó otro recurso alegando que le correspondía la adscripción provisional a un puesto de trabajo del mismo nivel al que venía desempeñando, por lo que pidió el de  jefe del Servicio Territorial de Industria de Ávila, que entonces se encontraba vacante.

El nuevo fallo judicial anula este nombramiento y obliga a la Junta a que “adscriba provisionalmente al recurrente, con motivo de cede discrecional, a la plaza vacante, dotada presupuestariamente y con necesidad de cobertura, de jefe de Industria de Ávila” o, añade, “cualquier otra ya existente que reúna las mismas características de estar vacante, dotada presupuestariamente y con necesidad de cobertura, en fecha 29 de julio de 2020, en la localidad de Ávila, con niveles de complemento de destinado 26, 27 o 28”.

La sentencia dice la Junta se saltó los trámites preceptivos establecidos en la Ley de Función Pública, realiza un nombramiento irregular e incumpliendo la Administración su propia normativa. A pesar de estar la plaza dotada presupuestariamente vacante y con necesidad de ser cubierta, según acredita la Junta, se optó por no cumplir con la legalidad, creando una nueva plaza.

Se da la circunstancia que la jefatura de Industria, en aquel momento vacante, la ocupa desde  noviembre por Roberto Barroso Peña, nombrado por la consejera de Empleo e Industria.

En todo caso, tanto la sentencia anterior como ésta pueden ser recurridas en apelación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.