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Obras de la nueva factoría de Nissan en octubre, Tras cerrar 2020 con 1.800 parados más y algo más de 13.000 desempleados en el conjunto de la provincia, la patronal abulense cree que los datos “no pueden calificarse de aceptables, porque si son continuistas, lo son en el caso de la provincia de Ávila de datos malos, que tienen como origen una estructura económica endémicamente débil”.
Una estructura producto de “un alto porcentaje a la fragilidad del tejido industrial, agravada por unas inversiones públicas que, con escasas excepciones, han perjudicado tradicionalmente a la provincia en los presupuestos de las administraciones, muy especialmente del Estado”.
A esto se suma, según Confae, "la gran evidencia” de que la situación actual laboral “no fluctúa coyunturalmente, sino que es extrema ante la crisis económica”, debido a la pandemia”. “Una situación, por tanto, excepcional que exige medidas excepcionales y agilidad y eficacia en su gestión”, ha añadido la patronal.
Bonificaciones
“La evolución de la pandemia no da tregua, el Estado tiene que ofrecer seguridad a las empresas y a los trabajadores no solo manteniendo ERTEs y bonificaciones de cotizaciones para los autónomos, sino procediendo a su optimización porque cada día es más difícil mantener empresas y empleo si tenemos en cuenta las agudas dificultades que se vienen arrastrando y estableciendo además la dotación para estas medidas de mecanismos de renovación automática vinculados a la crisis para dar las certidumbres necesarias al sector productivo”, argumenta la patronal.
Desde su punto de vista, el plan de choque de la Junta de Castilla y León y sus medidas de reactivación “no pueden supeditarse a lentos y farragosos procesos administrativos o llegarán, desgraciadamente, demasiado tarde para muchos empresarios y autónomos”.
Además, asegura que Ávila tiene “grandes expectativas” sobre un Plan Territorial de Fomento que a su juicio “tiene que empezar a materializarse en hechos, inversiones, y crecimiento económico”.
Respecto a las relaciones laborales, y “en tanto no se recupere la normalidad económica”, considera “impensable hablar de variación de las condiciones salariales si se quiere mantener ciertos niveles de empleo y viabilidad empresarial, menos aun cuando el IPC camina hacia un escenario de deflación”.
Oficina en Ávila de Caja Rural de Salamanca
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