Miguel Hernández y Soraya Blázquez han rechazado "el cinismo" que a su juicio "están demostrando los responsables de la Junta porque, mientras reconocen el esfuerzo y el sacrificio de los trabajadores de la sanidad pública durante la pandemia, lo que hacen en realidad es atropellar su dignidad y sus derechos laborales, ninguneando además la legitimidad de sus representantes a través de un decreto firmado con premeditación y alevosía" y publicado el sábado en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Desde su punto de vista, dicho decreto "denigra el trabajo de quienes en primera línea combatieron el coronavirus en los momentos más difíciles y dramáticos, dedicando su tiempo y poniendo en riesgo su salud e incluso sus vidas, lo que evidencia el desprecio con el que la Junta de Castilla y León trata a los trabajadores sanitarios, a los que ni siquiera ha compensado lo que hicieron por vocación y profesionalidad durante el primer estado de alarma y en los meses posteriores ante la falta de personal y de medios".

"La misma desconsideración con la que, recientemente, el delegado territorial de la Junta justificaba el impago de las horas extraordinarias acumuladas para suplir las ausencias de los médicos de Atención Primaria en el referido estado de alarma, palabras que han reprendido los afectados y que constituyen un ejemplo más del menosprecio y la falta de respeto del Gobierno autonómico hacia el personal sanitario", argumentan Hernández y Blázquez.

Los procuradores concluyen que "cuando es la Junta la administración competente para dotar al sistema público de salud del personal y recursos necesarios para una atención de calidad, son los propios trabajadores sanitarios los que, con su entrega y profesionalidad, están supliendo la carencia de medios, y en vez de reconocer y recompensar ese esfuerzo, la Junta les vilipendia".