Dicha organización fue desmantelada por la Guardia Civil entre los meses de abril y julio, en el marco de la operación Coronafarma, como consecuencia de la cual están investigadas 17 personas físicas y cuatro jurídicas (dos clínicas y dos empresas de servicios sanitarios y parasanitarios), por delitos contra la salud pública, la propiedad industrial, estafa, asociación ilícita y blanqueo de capitales.

El juzgado arenense pretende que sea un juzgado central de instrucción el que prosiga la investigación, al declararse "no competente" para seguir adelante con la misma, al considerar que en la causa "concurren los elementos necesarios para que ésta sea asumida por la Audiencia Nacional".

"De los indicios racionales de criminalidad recabados por la Policía Judicial, se infiere o se deduce que los posibles hechos, las posibles conductas y las posibles circunstancias envolventes, se han sucedido o han tenido lugar en distintas localidades en cuyo ámbito territorial abarca más de una provincia", relata el auto difundido este miércoles por el TSJCyL.

Todo ello ha tenido "efectos en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia", apunta el juez.

Además, señala que de las diligencias instruidas por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil "se ha descubierto que las personas investigadas podrían ser los autores de delitos contra la salud pública, contra la propiedad industrial, estafa, asociación ilícita y blanqueo de capitales".