Según los cálculos del instituto armado, los beneficios obtenidos podrían superar los 300.000 euros para los implicados hasta el momento en esta operación. A los implicados se les acusa de ser presuntos responsables de varios delitos contra la salud pública, estafa, contra la propiedad industrial, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsificación de documento público.

La investigación realizada por la Guardia Civil señala que las mascarillas, eran adquiridas a través de proveedores chinos y posteriormente se vendían en ayuntamientos, farmacias y empresas de Ávila; Salamanca; Guadalajara; Gerona; Santander; Tenerife; Talavera de la Reina (Toledo); Córdoba; Madrid; Barcelona; Sevilla; Cáceres y Toledo, entre otras.

La operación se inició durante el mes de abril, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de que una persona se estaba dedicando a la venta de mascarillas sin homologar en los Ayuntamientos de Candeleda, Poyales del Hoyo y Arenas de San Pedro.

Estos consistorios habían adquirido más de 4.000 mascarillas, haciendo entrega de las mismas a la Guardia Civil, junto con las facturas de compra expedidas por dos centros médicos privados: uno de Icod de los Vinos (Tenerife) y otro en Ciempozuelos (Madrid).

Como consecuencia de estos hechos, la persona que vendió esas mascarillas a los tres ayuntamientos abulenses fue detenida en Candeleda.

Segunda fase

En una segunda fase de la operación, los agentes inspeccionaron esos centros médicos, siendo incautado diverso material informático y documentación relacionada con las ventas fraudulentas.

Además, se descubrió una oficina ubicada en Alcobendas (Madrid), alquilada por el detenido para utilizarla como almacén, así como para tramitar los pedidos de las mascarillas telefónicamente, recibir la mercancía y organizar los pedidos para darles salida.

Durante su inspección se aprehendieron unas 7.000 mascarillas y 50 monos de protección sin homologar, además de documentación, procediéndose a la investigación de los titulares de los centros médicos, para averiguar su grado de participación en los hechos delictivos, ya que figuraban en las facturas ya emitidas.

Una vez realizado un exhaustivo análisis de la documentación facturada y del material informático, se pudo determinar que había otras seis personas implicadas, que se encargaban de realizar las labores de "facturación, compra, recepción, almacenaje, distribución logística, transporte y entrega de la mercancía".

Asimismo,  fueron investigadas por la realización de este tipo de tareas deliberadamente, según la Guardia Civil, que subraya el hecho de que se tratara de "personas de confianza, incluso familiares del detenido".

Trama empresarial

La operación Coronafarma concluyó con la última detención en Arenas de otra persona, socia y amiga del primer detenido, "encargada de organizar a toda trama empresarial para realizar todo el proceso de la compra y venta de las mascarillas".

Así, se ha deducido que el primer detenido fue el autor principal, al haber ideado el negocio, mientras que el segundo detenido lo llevó acabo. Como consecuencia de las gestiones, investigaciones y análisis practicados hasta la fecha, se ha descubierto que los proveedores de las mascarillas son de origen asiático, teniendo que continuar la operación para su localización y posterior detención.

La Guardia Civil calcula que esta banda criminal podría haber obtenido unas ganancias económicas de más de 300.000 euros por la venta fraudulenta de más de 260.000 mascarillas, una vez hecho el recuento documentado, sin descartar que las cantidades obtenidas sean "bastante más superiores". 

La operación Coronafarma ha sido desarrollada por el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Arenas de San Pedro.