En un real decreto aprobado por el Consejo de Ministros del 21 de julio, publicado este sábado en el Boletín Oficial del Estado, se indica que las convocatorias de pruebas selectivas derivadas de esta oferta de empleo público habrán de ser informadas favorablemente por la Dirección General de la Función Pública y solo podrán publicarse en el ejercicio presupuestario al que vienen referidas. La aprobación lleva un retraso de varios meses respecto a otros años por el estado de alarma.

Se autoriza la convocatoria para oposición libre en la Policía Nacional de 125 plazas en la escala ejecutiva y 2.366 plazas en la escala básica. Del total de 2.366 plazas autorizadas para ingreso por oposición libre en la escala básica se reservan 473 para militares profesionales de tropa y marinería que lleven al menos cinco años de servicios.

Las plazas reservadas a militares profesionales de tropa y marinería que no sean cubiertas se acumularán a las autorizadas por oposición libre.

La autorización de la convocatoria de 125 plazas para oposición libre en la escala ejecutiva comporta la convocatoria de 250 para su provisión por promoción interna, desde la categoría de subinspector.

Tasas de reposición

Del total de plazas incluidas en esta oferta, 288 plazas corresponden a la acumulación de tasas de reposición procedente de los sectores prioritarios previstos en la letra E) del artículo 19.uno.3 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.

El real decreto indica que la oferta de empleo público “recoge las previsiones de incorporación de los nuevos recursos humanos necesarios en el ámbito de la Policía Nacional para garantizar la correcta prestación de las funciones que tiene encomendadas este cuerpo, en función de las prioridades detectadas y de las disponibilidades presupuestarias existentes”.

Así se indica que “la programación de la estructura y duración del período de formación” previo al acceso a ambas escalas “determinan que la aprobación de la oferta de las correspondientes plazas deba hacerse con la máxima urgencia, ya que la no aprobación inmediata de la misma conllevaría un retraso en los procesos selectivos con el consiguiente retraso del cumplimiento del período formativo y de su incorporación efectiva en la Policía Nacional, impidiendo el adecuado mantenimiento de los medios personales indispensable para la adecuada prestación de servicios esenciales”.

Sin demora

“Este carácter de servicio público esencial junto a las singularidades de su despliegue territorial y la necesidad de continuar dando una respuesta adecuada a los retos que plantea la seguridad pública, provoca que resulte perentorio aprobar sin demora la presente oferta de empleo público”, se añade en el real decreto.

Así, se indica que el marco normativo que delimita con carácter general las incorporaciones de personal al servicio del sector público durante este ejercicio, fija la tasa de reposición para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hasta un máximo del 115%, de tal modo que las 288 plazas que exceden del 115% de la tasa de reposición que corresponde a la Policía Nacional, son el resultado de acumular parte de la tasa autorizada en la letra E) del artículo 19.uno.3) de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, y, en concreto, del sector “gestión de los recursos públicos”.

La citada acumulación de tasa en los sectores prioritarios, como es el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se encuentra prevista en el artículo 19.seis.1 de la Ley 6/2018, de 3 de julio. Asimismo, en el establecimiento de la presente oferta se tiene en cuenta lo dispuesto en el reglamento de los procesos selectivos y de formación de la Policía Nacional, aprobado por Real Decreto 614/1995, de 21 de abril.

Las convocatorias que se publiquen derivadas de esta oferta de empleo público se adecuarán a lo establecido por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de noviembre de 2018, por el que se aprueban instrucciones para actualizar las convocatorias de pruebas selectivas de personal funcionario, estatutario y laboral, civil y militar, en orden a eliminar ciertas causas médicas de exclusión en el acceso al empleo público.