Son “criterios legales y objetivos”, ha manifestado sobre el reparto de 17,5 millones, de los que llegaron al Ayuntamiento 150.000, lo que fue criticado por el equipo de Gobierno y por el Grupo Municipal Socialista.

Según ha respondido el consejero, son “los mismos criterios que se utilizan y que se emplean en el acuerdo marco con el que están de acuerdo todas las entidades locales, incluido el Ayuntamiento de Ávila, y que incluye, entre otros sistemas de valoración, el número de plazas residenciales”.

Es el “criterio legal que marca esa ley de participación en nuestros ingresos que permite que podamos financiar a nuestras entidades locales”, ha señalado.

En este sentido, Ibáñez ha destacado que Castilla y León ha sido una de las comunidades de España que han decidido que aquellos fondos que le aportaba el Gobierno de la nación para la crisis en servicios sociales fueran a parar a las entidades locales, y “transferir más del 50% recibido” a ayuntamientos y diputaciones. La cantidad está pendiente de ingresar por parte del Gobierno.

Fondos repartidos

Por otra parte, la Consejería de la Presidencia ha anunciado el pago de 16,5 millones de euros a ayuntamientos y diputaciones, que es el primer pago de la financiación local prevista para 2020, y que se realiza con el objetivo de dotar de liquidez a las entidades locales ante la caída de ingresos vía impuestos y transferencias del Estado y un aumento en los gastos de las entidades locales.

Según el consejero, no se han reducido las cantidades que reciben las entidades locales mediante las transferencias de la financiación local para este ejercicio 2020.

La provincia de Ávila recibe 1.381.387,30 euros, de los que 243.303,69 van a la Diputación, 163.849,27 al Ayuntamiento de la capital, y 976.619,26 a los consistorios de la provincia.

El consejero de la Presidencia ha indicado que esto “supone un anticipo significativo en los plazos con respecto al año anterior”, y que actualmente se está transfiriendo a las entidades locales un primer pago de 16,5 millones de euros de carácter incondicionado, que permiten dotar a éstas de una mayor liquidez para satisfacer las necesidades más urgentes en la lucha contra la pandemia.

Los pagos de este primer cuatrimestre se han adelantado con respecto al año anterior, realizados en agosto para las poblaciones de más de 20.000 habitantes y diputaciones provinciales, y en noviembre, para las poblaciones de menos de 20.000 habitantes. 

Asimismo, la Consejería de la Presidencia se encuentra tramitando otros 11 millones de euros que ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y diputaciones provinciales podrán destinar a programas de contratación de desempleados para paliar los efectos de la crisis.