La sentencia condena a los hombres a una multa de 180 euros (a razón de seis al día durante un mes) a la vista de las circunstancias económicas de los denunciados, conforme al artículo 123 del Código Penal, les impone el pago de las costas procesales. Al parecer, los amenazas y los daños al mobiliario fueron provocados por estar disconformes con las obras que llevaba a cabo el Ayuntamiento del pueblo.

Según el PP, la sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Arévalo da verosimilitud al testimonio del alcalde, una declaración que “cuenta con credibilidad subjetiva en la que no existen motivos espúreos”, y “se da una persistencia incriminatoria con un relato coherente, fijo y mantenido en el tiempo”, tanto en la fase policial, como en fase de instrucción y durante el juicio oral.

Asimismo, se afirma que es un “hecho significativo” que “a partir de la interposición de la denuncia los hechos vandálicos que venían acaeciendo en dicha demarcación prácticamente cesaron de inmediato”.

La denuncia fue presentada en abril de 2017 por el alcalde popular contra dos vecinos, que fueron detenidos por la Guardia Civil por amenazar gravemente al regidor a raíz de la realización de obras de acondicionamiento en el municipio. Además de amenazas verbales, el alcalde también sufrió pintadas y la colocación de objetos amenazantes en la puerta de su domicilio.