La decisión de archivo adoptada por el Juzgado Togado Territorial tuvo su precedente en el tribunal militar de Valladolid, que también sobreseyó la denuncia, que se interpuso contra el líder nacional de la Unión de Guardias Civiles (UGC) Ramón Rodríguez; el entonces autonómico y hoy secretario estatal de Riesgos Laborales, Marcelino García, y el responsable en Ávila, David Vargas Sánchez.

Dos de los afectados, Ramón Rodríguez y Marcelino García, junto con otros miembros del sindicato, han explicado que cuando denunciaron este caso pretendían defender los derechos de los guardias civiles y poner voz a aquellas situaciones que no salen a la luz por miedo de los afectados a sufrir "represalias".

También han recordado que Vargas Sánchez, a raíz de la denuncia, sufrió una campaña de "acoso laboral" y vio cómo todos su servicios prestados eran "mirados con lupa" y se traducían en continuas amonestaciones verbales por escrito, algo no contemplado por ley, hasta incluso llegar a tener que pedir la baja.

A la vez han recordado que la denuncia dio sus frutos porque los superiores cortaron de raíz la situación y el responsable de estos hechos fue trasladado a Toledo.

"Cuando creíamos que la cuestión estaba resuelta y que el sargento había tenido tiempo para recapacitar, fuimos informados de que nos había denunciado por injuriar a un superior", han apuntado antes de lamentar la incertidumbre sobre su futuro que los tres sindicalistas denunciantes han padecido durante el proceso en vía militar.

No obstante, considera un gran triunfo el auto de archivo y un "gran avance en el derecho a la libertad de expresión" por cuanto entre sus fundamentos se ampara a aquellos agentes que denuncien públicamente hechos de forma veraz.