El Juzgado de lo Penal Número uno de Ávila le condena también a pagar una multa de 5.400 euros al considerarle “autor criminalmente responsable de un delito contra las instituciones del Estado”, según el artículo 502.2 del Código Penal. Herranz, del PP, no contestó a ninguna de las numerosas peticiones realizas por el Procurador del Común.

Durante el juicio oral el juez dio crédito a la versión del secretario municipal, que explicó como había advertido al alcalde de las consecuencias que podía tener su comportamiento. La acusación particular la ha ejercido el concejal del PSOE, Antonio San Cristóbal.

El alcalde condenado "obstaculizó la investigación de los expedientes incoados por el Procurador del Común, negándose y haciendo caso omiso a los requerimientos recibidos", que suman un total de 32 cartas.

La sentencia, contra la que cabe recurso, responde a la petición del fiscal, que partió de la denuncia del PSOE, que llevó al Procurador adjudicación de viviendas de protección oficial a tres personas que no residían en este pueblo, entre ellas el alcalde, por lo que fue multado por la Junta.

El juez dice en el fallo que la institución del Procurador del Común es “necesaria, que garantiza y salvaguarda los derechos de los ciudadanos frente a la administración pública, realizando una actividad de inspección, supervisión y control de la regularidad de los actos administrativos de cualquier administración”, según señala la sentencia, que subraya su "relevancia constitucional".

Uso abusivo

Por su parte, el secretario de Asistencia a Municipios del PSOE, Juan José Pizarro, ha señalado su "satisfacción" por la sentencia, que les da la razón “en su intento de poner freno a un uso abusivo de su cargo” por parte del alcalde.

La sentencia “pone de manifiesto que los socialistas tenían razón en las denuncias públicas realizadas en los últimos años contra la figura de Andrés Herranz López", con la que la justicia “ha puesto freno” a la actitud del alcalde, lo que “debería haber hecho su propio partido y que ha pasado por alto, pese a sus declaraciones sobre su compromiso con la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción”.

Multa por una vivienda

Hace un año, el alcalde de San Juan del Molinillo fue multado por la Junta a pagar 15.000 euros, por una infracción muy grave, por haber comprado en la capital abulense una vivienda de protección pública cuando no estaba empadronado en la ciudad, sino en su pueblo. Entonces el secretario provincial del PP, y ahora presidente, Carlos García, dijo que en breve adoptarían medidas respecto al edil ahora condenado.