La vivienda la adquirió en 2010, la Junta le abrió expediente en 2014 y a finales de 2016 le impuso la sanción, ya que para adquirir la vivienda debía encontrarse empadronado en la capital cuando en realidad lo estaba en su pueblo, según ha relatado el concejal socialista Antonio San Cristóbal, que ha denunciado el caso.

Lo mismo ha sucedido con el hijo del alcalde, Sergio Herranz, y con quien entonces era concejal, Florencio Andrino. Ambos también se compraron una vivienda en Ávila capital, en el mismo lugar que el alcalde. La Consejería de Fomento les abrió expediente en 2014 y les ha sancionado también como responsables de una "falta muy grave" a pagar 15.000 euros de multa a cada uno, tras el expediente incoado por la Junta en 2015.

En los tres casos la Junta "demostró que no viven allí ni utilizaban la vivienda como domicilio habitual y permanente", por lo que "han defraudado" a la Administración", ha señalado el edil de la oposición. Cuando en 2014 fueron denunciados se dieron de baja en el padrón de San Juan del Molinillo.

Quitarle la vivienda

El edil considera "insuficiente" la denuncia de 15.000 euros y pide que la Junta que "les quite la vivienda", porque "no ha sido utilizada para su cometido" cuando son "para gente que realmente lo necesita".

El concejal pide al PP "medidas urgentes" y la "dimisión inmediata" del alcalde, para lo que han transmitido el caso a la dirección nacional del Partido Popular de cara a que aplique "la regeneración democrática".

También quiere que Florencio Andrino, que entonces era concejal y ahora no, no entre de nuevo en el Ayuntamiento, ya que es el siguiente en la lista en el caso que dimita el alcalde.

Desde el PSOE también exigen la dimisión del jefe del Servicio Territorial de Fomento, Luis Enrique Ortega, por "por dejación de funciones", ya que "no ha cumplido con su responsabilidad por no no haber realizado un seguimiento adecuado en la adjudicación de las viviendas" a los tres vecinos de San Juan del Molinillo, además de haber impedido al concejal ver los expedientes de la Junta hasta que no intervino en su favor el Procurador del Común.

Juicio

Por otra parte, el alcalde de San Juan del Molinillo se encuentra imputado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Ávila acusado de un delito continuado contra las instituciones del Estado, según el artículo 502 del Código Penal, por llevar una década sin contestar a los requerimientos del Procurador del Común.

De cara al juicio, la Fiscalía pide dos años de inhabilitación para el regidor y se le ha pedido una fianza de 6.000 euros.

El concejal socialista quiere hablar con la subdelegada del Gobierno, María Ángeles Ortega, porque cuando hace tres años sufrió daños en su vehículo coincidiendo con la denuncia del caso: "me costó que me rajaran el coche cuando se enteraron que había puesto la denuncia".

"Pido protección a la subdelegada -ha dicho- para que no me pase nada, si algo me pasara, que sepan adonde tienen que acudir".