La Diputación aprobó la declaración a instancias de UPA-COAG en enero de 2013. Los fundamentos de derecho del auto, dados a conocer por dicha organización, señalan que los hechos “hacen presumir la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa”.

Aunque el auto precisa que no han quedado determinadas “la naturaleza y circunstancias” de tales hechos, como tampoco las personas que en ellos han intervenido, apunta que “es precedente” instruir diligencias previas y practicar las esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y, en su caso, el procedimiento aplicable.

Al respecto, entre otras diligencias, el magistrado ha solicitado a la Diputación Provincial una copia del acta de la sesión en la que se aprobó la referida declaración, que en opinión de Lobo Marley, se traduce en la “exigencia de erradicación local” de la especie Canis lupus signatus en el país, “precisamente allí donde la especie está estrictamente protegida” por una directiva comunitaria. La denuncia se presentó en febrero ante la Fiscalía.

“La votación, por lo tanto, es una contravención de la legislación supranacional”, ha afirmado la plataforma, cuyos servicios jurídicos encuentran que la decisión adoptada por el pleno de la Diputación constituye un “delito de prevaricación administrativa y de sedición”, dado que, a su juicio, en la votación, que salió adelante con los votos de los diputados de PP y PSOE, concurrió el “conocimiento” y la “conciencia” de la “injusticia de la resolución adoptada”.