El letrado del profesor que ha denunciado estos hechos, Antonio Suárez-Valdés, ha llegado a decir, tras escuchar la declaración de los dos querellados, que el número de posibles "afectados" por esta supuesta modificación de notas podría ser "superior" a los cinco iniciales que figuran en este procedimiento y alcanzar los 1.200. A ellos, también se les habría subido la nota.

Esta declaración, tras la cual el juez instructor deberá decidir si existen indicios de criminalidad o sobresee el caso por considerar que se trata de una cuestión puramente administrativa, se produce una vez que el juzgado ha admitido a trámite la querella presentada por un profesor del centro policial contra otros dos miembros del cuerpo.

En el texto de la querella considera que puede haberse producido una supuesta falsificación de notas a varios alumnos que habían sido suspendidos por el querellante y que finalmente aprobaron. Por ello, cree que presuntamente se pueden haber cometido delitos de prevaricación administrativa, falsedad documental y coacciones.

Sánchez-Valdés ha apuntado que los dos profesores "han reconocido directamente la modificación de las notas" y han admitido "de manera expresa que a todo aquel alumno que tenía en ese parcial una nota de entre un 4 y un 5, inmediatamente se le ha elevado la nota a un 5".

Alteración manifiesta

Por ello, considera que detrás de estos hechos se esconde "una alteración manifiesta del principio de mérito y capacidad y una alteración manifiesta de los criterios que rigen en materia de escalafonamiento en el ámbito de la Escuela", produciendo unas “consecuencias muy nocivas para aquellos alumnos que, de una manera más meritoria, habían superado esas asignaturas en el examen correspondiente y que han visto alterada la relación de escalafonables que tenían en ese parcial".

En esta línea, el abogado ha indicado que los querellados han hablado de "carencia de medios" en el centro para "gestionar esa avalancha de nuevos exámenes que se tenían que efectuar", después de que el 12 de marzo, como consecuencia de la situación derivada de la pandemia, los cerca de 3.000 alumnos de la XXXV promoción de la Escala Básica, tuvieran que regresar a sus casas, desde donde siguieron las clases de forma telemática.

Suárez-Valdés sostiene: "Esto es solucionado por uno de los investigados con un criterio propio que no consta en ningún tipo de resolución ni de acta, no consta consensuado con la universidad (...) y no consta, sobre todo, de ninguna manera, con la Dirección general".

El abogado ha anunciado que si se produce el sobreseimiento del caso, recurrirá en apelación a la Audiencia Provincial de Ávila.