Según el sindicato, se entregan mascarillas quirúrgicas que “no disponen presuntamente de los marcadores con la homologación europea imprescindibles”, y en el caso de las FFP2 “no se ha podido constatar que disponga de ningún marcador de homologación europea, para que puedan ser consideradas como equipos de protección”.

En el caso de los guantes no hay marcador CE decuado al uso que las trabajadoras deben dar a este material, y las batas de un solo no disponen de homologación para su uso como equipos de protección.

El sindicato advierte que no se llevan a cabo los exámenes médicos establecidos en la normativa de aplicación y que el Comité de Seguridad y Salud no es informado de las bajas y accidentes laborales que suceden en la empresa, de acuerdo a la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales respecto a la colaboración entre empresa y Comité de Seguridad y Salud.

Así las cosas, el sindicato asegura que la empresa “no está haciendo nada de lo que debe para proteger a las trabajadoras”, lo que causa “enorme preocupación” por la situación, y añade que es la Diputación, como responsable de la adjudicación del contrato, la que debería garantizar que la empresa cumple con la ley de prevención de riesgos laborales.

“Ni lo está haciendo ni parece importale lo más mínimo”, según UGT, que considera a la Diputación “responsable solidaria de todo lo que estuviera haciendo la empresa”, que si recibe una sanción “tendrían que pagar todos los ciudadanos de la provincia de Ávila”. “Salvo que se derivara alguna responsabilidad penal, en cuyo caso se tendría que asumir directamente por la diputada de Servicios Sociales o por el presidente”, según el sindicato, que hace unas semanas criticó a la empresa por hacer que las trabajadoras asuman sus pérdidas.