Suárez-Quiñones ha dado a conocer esta iniciativa con motivo de la inauguración del XLII Curso de Policía Local en la Escuela Nacional de Policía de Ávila.

Sobre las investigaciones en marcha, el consejero ha mostrado su "absoluto y pleno respeto a la labor de la justicia", a la vez que ha expresado la "absoluta y plena colaboración de la Junta a esa labor", ya que la "primera interesada" en determinar si hay "algún aspecto no adecuado" es la Administración autonómica.

Según ha explicado, "a primerísima hora" de este lunes ha solicitado su comparecencia en "la comisión correspondiente" de las Cortes de Castilla y León, que es "donde habrá que dar todas las explicaciones y los datos necesarios, como depositarios de la voluntad popular".

"Ab initio [desde el principio], nosotros confiamos plenamente, si no se demuestra lo contrario, en todo nuestro personal público, más de 5.000 trabajadores públicos que en las distintas delegaciones territoriales trabajan", ha señalado Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien ha exendido dicha confianza a "los órganos de contratación que han intervenido en estos expedientes en las delegaciones territoriales".

Dejar a la Justicia

Respecto a si la Junta estudia personarse en el procedimiento ante el supuesto daño patrimonial que puede haber sufrido, el consejero ha indicado que lo hará "sin duda ninguna", en el caso de que "existan elementos o indicios de algún perjuicio patrimonial"; sin embargo, ha precisado al respecto que "esas valoraciones o datos que se plantean de perjuicios económicos están, en principio, cuestionadas en la prensa, pero hay que dejar trabajar a la Justicia".

"Todos debemos dejar trabajar a la Justicia, porque hay quien incluso cree haber obtenido conclusiones finales de una investigación que está en marcha", ha añadido Suárez-Quiñones, quien ha reiterado en la necesidad de "respetar la labor del juez" y de "colaborar". A nivel interno, ha aclarado que la Junta está "recabando todos los datos necesarios".

"Lo que está claro", ha dicho, "es que los distintos órganos responsables en las distintas delegaciones, han instruido una serie de expedientes de venta de unos vehículos que había que enajenar por su estado de antigüedad, algunos de 27 años, con cientos de miles de kilómetros y con numerosas averías, que precisamente dieron lugar a acometer un proyecto de cambio de esos vehículos".

Se trata de unos vehículos, que siguen a la venta en internet, en torno a los cuales "se han instruido unos expedientes conforme a la Ley de Patrimonio de Castilla y León de 1999, por un sistema de lotes, con más de 100 ofertas de compra de distintas entidades", según ha explicado el consejero.

En esta línea, ha argumentado que se ha producido "una concurrencia donde se ha obtenido el mejor precio posible en ese mercado que determina la oferta de compra y, por lo tanto, estos datos estarán recogidos".