Según se puede ver en esta web, se trata de dos Land Rover que deberían haberse desafectado de la propiedad de la Junta para su achatarramiento. Sin embargo, en los propios anuncios se destaca que proceden de la Junta de Castilla y León.

Uno de ellos es un Land Rover Defender 90SW de color verde “en muy buen estado”, al precio de 9.000 euros. El otro es un Defender 110 de nueve plazas, también de color verde, “en buen estado de conservación” con enganche de 3.500 kilos de capacidad y 150 kilos de carga vertical. Éste sale por 13.500 euros.

En los últimos días se ha conocido que el Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid investiga desde mayo, a raíz de una denuncia presentada en Ávila, un supuesto caso de venta ilegal de vehículos de la Junta, con un perjuicio económico que se calcula podría haber llegado a los tres millones de euros tras la enajenación de 313 vehículos todoterrenos forestales por parte de la Consejería de Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

El juzgado investiga la posible comisión de los delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos, con participación directa de empresas y particulares, que habrían sido beneficiados por la adquisición de un número importante de vehículos por entre 600 y 800 euros, cuando su precio en el mercado de segunda mano es de aproximadamente 9.000 euros.

Inspección en Fomento

No hay nadie citado como investigado en el procedimiento, pero la Guardia Civil analiza la información obtenida en la Consejería de Fomento tras la petición de información solicitada por el juzgado y que se ha llevado a cabo de modo personal por la Policía Judicial de la Guardia Civil para garantizar la cadena de custodia.
 

El Juzgado investiga si se ordenó, aunque no se sabe todavía quién, la división de lotes de coches por provincias para evitar que su valor superase los 30.000 euros, en lugar de acudir al procedimiento de subasta pública, como hubiera sido preceptivo, con el fin de evitar ese procedimiento.

Cada delegación territorial habría vendido o enajenado sus vehículos por venta directa en desguaces con baja temporal no definitiva, según la investigación. Las cantidades por las que habrían sido vendidos los coches serían de entre 600 y 800 euros cada uno.

Algunos vehículos, de los 103 destinados en principio a destrucción directa, han sido detectados circulando de nuevo. Otros 63 coches han sido transmitidos a empresas y 147 continúan bajo titularidad de la Junta de Castilla y León.