La actuación, denominada operación Fuentemoro, se inició en el verano de 2018, aunque la Guardia Civil no ha ofrecido detalles de la zona a la que afectan las presuntas irregularidades alegando que las pesquisas continúan.

De las investigaciones realizadas se determinó la existencia de dichas construcciones en terrenos que no tenían una calificación especial de protección, ya que eran suelo rústico común, zona de regulación básica o en suelo no urbanizable de especial protección y de protección paisajística.

Las edificaciones tenían como fin último ser usadas como residencias y carecían de las correspondientes licencias urbanísticas o no se ajustaban a  ellas, aparte de que en algunas ocasiones hacían caso omiso a las órdenes de paralización y continuaban las obras hasta su completa finalización.

Las diligencias policiales instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente, y afectan a 21 personas con diversas responsabilidades por la ejecución de construcciones con destino residencial careciendo de las correspondientes licencias urbanísticas, en lugares no autorizados y en algún caso, por presunta prevaricación urbanística.

Las actuaciones han sido realizadas por efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila, que tiene, entre otras funciones, la de velar por el cumplimiento de las normas medioambientales.

Hace dos meses tuvo lugar otro caso similar, cuando fueron investigadas 24 personas por presuntos delitos de ordenación del territorio y urbanismo en la zona de Campo Azálvaro.