Hernández ha lamentado la "llamativa" decisión del gobierno autonómico de retirarse como acusación particular en el juicio abierto a raíz de esta operación contra el furtivismo, que produce “un serio quebrando económico a los municipios del entorno de Gredos”.

Tras recordar que se trata de un caso contra una red ilegal de caza en Gredosde hace más de una década, el procurador ha reprochado al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, su "ambigüedad" respecto a la caza, ya que, mientras por un lado manifiesta su "apoyo a ultranza", por otro lado deja de lado la firmeza necesaria para combatir el furtivismo.

Desde su punto de vista, la caza ilegal “no solo afecta de lleno al control regulatorio de la capra hispánica, sino que también provoca un grave perjuicio económico a los ayuntamientos que tienen en la caza una de sus principales fuentes de ingreso”. Al respecto, ha apuntado que "en algunos casos” esos ingresos son “superiores al dinero que perciben del Estado o de la Comunidad Autónoma".

Incomprensible

En este sentido, Miguel Hernández ha recordado que la red desarticulada en 2008 por la Guardia Civil cazó trofeos de alto valor económico, que de haberse cazado legalmente hubieran reportado grandes beneficios a los municipios de Gredos, de ahí que resulte “incomprensible" que la Junta se retire como acusación particular.

Hernández ha significado también que la operación Almanzor llevó consigo una exhaustiva labor por parte de la Guardia Civil que ahora se echa por tierra con la decisión de la Junta de apartarse del juicio, por lo que el parlamentario ha reprochado al consejero su actitud, porque el Gobierno autonómico tendría que haber permanecido como acusación particular hasta las últimas consecuencias.

"La política se fundamenta en gestos y en hechos, y en este caso, la Consejería de Medio Ambiente se ha quedado en los primeros", según el procurador, para quien la Junta "ha hecho un flaco favor a la caza, a los municipios de Gredos y a la Guardia Civil". El juicio por este caso comenzó la semana pasada y la segunda sesión de aplazó para diciembre.

El procuradod ha recordado que la operación está relacionada con un red de caza ilegal en la Sierra de Gredos, enclave natural que tiene la consideración de Parque Regional, y supuso la participación de más de 50 guardias civiles de varias provincias: Ávila, Toledo, Cáceres, Badajoz, Ciudad Real y Madrid, produciéndose casi medio centenar de detenciones e incautándose más de 350 trofeos, 27 armas de caza de distintos tipos y calibres, ocho silenciadores, tres pistolas, dos revólveres, tres arcos y seis armas blancas, además de 72.000 euros y 21.000 dólares en metálico, entre otros objetos.