El juicio se iba a celebrar en 2014, pero fue suspendido. Y lo que hace más de una década fue la operación Almanzor, una importarte trama de caza furtiva desmantelada por la Guardia Civil que, ahora, tras el paso de los años, ha reducido el caso. 

Antes de llegar a este juicio, la Junta de Castilla y León, como acusación particular que ejercía, siendo Administración competente en la materia y por dirigir la Reserva Regional de Caza de Gredos, ha decidido retirarse del caso alegando que de la instrucción el juez había declarado nulas unas pruebas, sobre las que basaba la acusación. En mayo de 2018 ya se había retirado la Asociación de Propietarios de la Reserva Regional de Caza.

El abogado de Ecologistas en Acción, Juan Manuel López Rubio, ha calificado de “sorprendente” que la Junta, “responsable de la defensa del medio natural, se aparte de un procedimiento y renuncie a perseguir el furtivismo de la cabra hispánica”, lo que además “supone además un desprecio al importante esfuerzo de numerosos agentes de la autoridad (Seprona y agentes forestales) que intervinieron en el operativo y que se dedican a vigilar el cumplimiento de la normativa ambiental y de caza”, aparte de los ingresos que han dejado de percibir Junta y ayuntamientos.

Delitos

Los delitos a los nueve acusados se distribuyen entre caza furtiva, tenencia ilícita de armas en algún caso y falsedad documental, para los que se piden penas de entre seis meses y dos años de prisión, con la agravante de reiteración delictiva en algunos casos.

El letrado ha explicado que la trama funcionaba con “modus operandi” concreto para la caza furtiva, en la que los implicados aseguraban abatir machos medallables por “cantidades irrisorias” de 3.000 euros, cuando el precio oficial era de “varios miles de euros más, hasta 17.000”.

El caso se remonta a 2008, cuando el Seprona de la Guardia Civil, bajo el nombre de Operación Almanzor, realizó una investigación sobre un grupo criminal dedicado a la caza ilegal de machos de cabra hispánica en Gredos. Se llegaron a intervenir numerosas cabezas de reses, restos de especies protegidas y muchas armas de todas clases, algunas no autorizadas o si legalizar.

Escuchas sin argumentación

Según ha recordado el abogado de la acusación particular, se mantuvieron escuchas telefónicas autorizadas judicialmente, y se realizaron registros en domicilios y taxidermias, que dieron lugar a la detención de 29 personas que acabaron imputadas, en una instrucción penal dirigida por el Juzgado de Instrucción número 4 de Ávila.

La vista oral fue convocada seis años después, en septiembre de 2014, por el Juzgado de lo Penal número 1 de Ávila, pero no llegó a celebrarse y fue suspendida porque las defensas de los 29 acusados, apoyadas entonces por la Fiscalía de Ávila, plantearon cuestiones previas de nulidad de las actuaciones respecto de las escuchas telefónicas alegando que “no había habido la suficiente argumentacion jurídica,

El ministerio fiscal, la Asociación de Propietarios de la Reserva Regional de Caza de la Sierra de Gredos y la Junta se adhirieron a la solicitud de las defensas y el juicio se suspendió para que la magistrada valorara sobre la nulidad planteada.

Hasta tres años después, en septiembre de 2017, no hubo novedades. Fue entonces cuando la  magistrada aceptó la nulidad solicitada y resolvió que todas las pruebas que dependieran de las escuchas se declaraban nulas y quedaban fuera del procedimiento. En ellas se incluyeron las entradas y registros en domicilios y taxidermias, documentos incautados, armas ilegales, y restos de animales protegidos o no.

La nulidad de esas actuaciones fue confirmada en abril de 2018 por la Audiencia Provincial de Ávila para ahora, un año y medio después, celebrar el juicio, cuya segunda y última sesión tendrá lugar el viernes.Durante tres años, Ecologistas en Acción y la Fiscalía, como partes del proceso y alegando que la tardanza en resolver era inusual, enviaron numerosas peticiones de impulso procesal ante el juzgado y pusieron quejas ante el Consejo General del Poder Judicial.