Según el coordinador provincial, José Jiménez, el auto judicial “corrobora que las preocupaciones expresadas y trasladadas por IU hace meses, no estaban infundadas”.

La Asociación Pública de Fieles, Pobres y Humildes en Vocación de Iglesia, Profecía de Esperanza (Pohuvipre) presentó en 2007 a la Junta un proyecto de urbanización que contempla la construcción de moradas, albergues, estudios, iglesia y otras estructuras en Burgohondo, "que se puede equiparar a la construcción de 150 viviendas”, según ha recordado IU.

Y todo ello en una parcela de 280.000 metros cuadrados ubicados en “terreno rústico de protección natural”, lo que supondría la urbanización de unos 15.000 metros cuadrados.

El 3 de julio de 2018 la Junta autorizó el uso excepcional para construir en esos terrenos dicho proyecto, lo que motivó la presentación de un contencioso administrativo por parte de Ecologistas en Acción, que pidió la suspensión cautelar de las obras.

Iniciativas parlamentarias

 “IU no entendió qué motivos podía haber para construir esta urbanización en suelo protegido y puso en marcha una serie de iniciativas relativas a este proyecto”, ha explicado Jiménez.

El 24 de julio de 2018 el procurador de IU en las Cortes de Castilla y León, José Sarrión, formuló varias preguntas a la Junta, señalando que " pudiera interpretarse que se trata de un uso especulativo del suelo para permitir unas construcciones de este tipo en un paraje natural y su posterior aprovechamiento privado bajo el pretexto de unos fines religiosos, también de carácter privado".

Según IU, la contestación del consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se produjo el 5 de noviembre, señalando, entre otras cosas, que ya el 7 de marzo de 2013 la Delegación Territorial de la Junta en Ávila publicó la Declaración de Impacto Ambiental de este proyecto.

Una declaración que apreció "el interés público, exigido como requisito para la autorización de uso en suelo rustico por la Comisión Territorial y Medio Ambiente de Ávila, sin que proceda otro pronunciamiento al respecto salvo en el trámite previsto de recurso de alzada actualmente en curso".

Ante este posicionamiento del Gobierno autonómico, IU consideró que era necesario pedir “más aclaraciones a la Junta”, de manera que el pasado 31 de enero el procurador José Sarrión volvió a interpelar al consejero para que explicara “qué interés público tiene la realización de una actividad privada como la que proyectada”.

Asimismo, preguntó si la Junta había comprobado que tanto el abastecimiento de agua que necesita esta urbanización, así como la evacuación de las aguas residuales que generaría “no supondría un aumento considerable de residuos”.

Además, IU quiso saber si la Junta consideraba que la construcción de esta urbanización no suponía, de hecho, “la creación de un nuevo núcleo urbano en suelo rústico”.

Aplaude la decisión

Después de estas iniciativas parlamentarias, el pasado 7 de febrero se dio a conocer el auto judicial que argumentaba que "de no suspenderse cautelarmente las obras, se podría iniciar la construcción y exponerse a que con posterioridad a su construcción tuviera una sentencia desfavorable a la urbanización".

Añade el auto que "la construcción de este complejo no responde un interés social general sino al de la asociación que lo promueve".

“IU coincide con Ecologistas en Acción en la convicción de que no se aprecia el interés general de una obra de esta envergadura para una actividad privada en suelo rustico, por lo que celebra las medidas judiciales adoptadas”, ha argumentado Jiménez.

De no haber sido así, considera que “podría haber causados daños irreversibles a un espacio de protección natural”.