Y es que aseguran que de haber estado en vigor hace unos meses los cambios en la ley no se hubiera paralizado el proyecto minero Leito, en la Sierra de Ávila.

Las plataformas consideran que, en caso de ser modificada la actual ley, “primarían los intereses económicos particulares de las empresas mineras, sobre el interés general de la ciudadanía en términos de salud, puestos de trabajo, medio ambiente y conservación del patrimonio”, además de que “quedaría mermada la capacidad para decidir sobre los usos del territorio de las diputaciones y de los Ayuntamientos, que son las administraciones más cercanas a los intereses de los ciudadanos”.

La propuesta de modificación de la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León fue presentada por el PP y admitida a trámite gracias a la abstención de Ciudadanos, aunque el presidente de la Diputación abulense reconoció que no era de la misma opinión.

La consecuencia de su aplicación sería “la total desprotección del suelo, haciendo posibles explotaciones mineras a cielo abierto en cualquier tipo de suelo rústico, incluso en el que hasta ahora está protegido”.

Se han dirigido a los grupos de las Cortes las plataformas No a la Mina en la Sierra de Ávila, No a la Mina en la Sierra de Temas, No a la Mina en el Valle del Corneja, la Coordinadora No a la Mina de Uranio de Salamanca, y la zamorana No en mi Tierra. Todas ellas plantean la posibilidad de llevar a cabo movilizaciones.