Esta reacción se produce tras la aprobación el miércoles de la tramitación de la proposición de ley de modificación de la Ley de Urbanismo para eliminar la prohibición actual de abrir minas no energéticas en suelo rústico protegido. Una aprobación que sólo contó con los votos a favor de los procuradores del PP y la abstención de 4 de los 5 procuradores de Cs, ya que la abulense Belén Rosado, de la formación naranja, votó en contra.

“El 12 de diciembre ha sido un mal día para las plataformas ciudadanas que se oponen a la minería a cielo abierto en Castilla y León. Y por ello también para todos aquellos cuya forma de vida defienden los ciudadanos de a pie”, han señalado desde las cinco plataformas.

Se trata de las abulenses No a la mina en la Sierra de Ávila, No a la mina en la Sierra de Yemas y No a la mina en el Valle del Corneja, de la coordinadora No a la mina de uranio de Salamanca y de la plataforma No en mi tierra, de Zamora, según las cuales, “sus peores augurios se han cumplido”.

Según aseguran en un comunicado, en el caso de Castilla y León, la proposición de ley “responde claramente, entre otros, a los intereses de la Asociación de Fabricantes de Áridos de la región, que aspiran a un sector minero autonómico totalmente desregulado”, algo que a su juicio “quedó patente con su presencia en la tribuna de invitados de las Cortes".

Las plataformas castellanas y leonesas han denunciado que el PP de Castilla y León “ha conseguido modificar la Ley de Urbanismo, con el fin de autorizar las explotaciones mineras, incluso en espacios naturales protegidos, con el ‘permiso’ de Ciudadanos, que se ha abstenido en la votación -con la excepción de la procuradora por Ávila, Belén Rosado-“.

Críticas de las plataformas

Por su parte, las plataformas abulenses consideran "innecesaria la modificación legal, ya que la Ley de Urbanismo en su redacción actual, prevé la posibilidad de realizar actividades extractivas en suelo rústico”. “El PP podría haber llevado a cabo esta proposición en las Cortes de Castilla y León, tras haber conseguido el pasado mes de abril, el expediente Leito la declaración de impacto ambiental negativa, por parte de la Comisión Territorial de Medio Ambiente”, han añadido

"Algo que no convenía a este sector extractivo", dicen, para después añadir que "esto pondría de manifiesto la voluntad del Partido Popular de sustraer los procesos de concesión de proyectos mineros a los controles democráticos".

Al respecto, precisan que Leito era “uno de los cuatros proyectos mineros que amenazaban con abrir minas a cielo abierto de feldespato en Ávila” y que, a pesar de que “ya no representa un peligro, la Sierra de Yemas todavía lucha contra su expediente Riofrío y el Valle del Corneja con otros dos: Sonsoles y Villatoro, por las facilidades que se está dando a este tipo de empresas”.

Además, consideran que “el PP ha socavado la autoridad de los ayuntamientos, al no tener en cuenta su decisión ni la de los ciudadanos”. "Esperamos que este atentado contra el modo de vida de los habitantes de Castilla y León no quede impune y se demuestre nuestra indignación en las urnas", han argumentado.

Recurrir a la UE

Por su parte, TerraSOStenible-Plataforma "No en mi tierra", de Zamora, ha anunciado la posibilidad de presentar una ante la Unión Europea contra la Junta de Castilla y León –la aprobación de la tramitación ha correspondido a las Cortes de Castilla y León-, con el objetivo de "invalidar" la modificación de la Ley de Urbanismo de la Comunidad aprobada ayer por el pleno de las Cortes autonómicas.

Según ha señalado este colectivo, su postura cuenta con el respaldo del resto de las plataformas antiminas de Castilla y León.

Todas ellas han lamentado que "sus peores augurios se han cumplido", con la aprobación, con los votos del PP y la abstención de 4 de los 5 procuradores de Cs, de la tramitación de la proposición de ley de modificación de la Ley de Urbanismo para eliminar la prohibición actual de abrir minas no energéticas en suelo rústico protegido.

TerraSOStenible-Plataforma "No en mi tierra", no solo ha expresa su "más firme rechazo" a la aprobación de la Proposición de Modificación de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, sino que critica el hecho de que la Junta "se tome a broma. no solo su propia legislación sobre la protección del territorio, sino las leyes europeas sobre espacios protegidos".

En este sentido, sus representantes han anunciado que presentarán una denuncia a la Unión Europea contra el Gobierno autonómico para "invalidar la insensatez de esta aprobación", un argumento que "suscriben el resto de plataformas de la Comunidad".

"Desde el grupo de plataformas de Ávila, Salamanca y Zamora queremos mostrar nuestro más profundo rechazo a esta modificación que se acaba de llevar a cabo y que consideramos que no solo es un atentado contra el medio ambiente, sino que delata la falta de sensibilidad y el desprecio de una parte de la clase política hacia el mundo rural y sus habitantes", han argumentado todas ellas.

Desde su punto de vista, la creación de empleo para lograr atajar el problema de la despoblación "exige algo más que facilitar las actividades mineras", ya que "más minas significa que se han malvendido los suelos y paisajes". "Es una falsa propuesta económica que realmente nos arrebata nuestro futuro", han añadido.

Todas las plataformas han realizado un llamamiento a los partidos políticos para que "presenten enmiendas y valoren la posible inconstitucionalidad o la vulneración de la protección establecida en la Ley de Suelo nacional".

Asimismo, se preguntan por la opinión de los consejeros de Agricultura y Medio ambiente, Milagros Marcos y Juan Carlos Suárez-Quiñones respectivamente, así como la de las diputaciones provinciales y ayuntamientos afectados, regidos por el PP.