El congreso, que culminará con la celebración de la Asamblea General Ordinaria, pretende "profundizar en las nuevas líneas de modernización de esta industria, que tienen mucho que ver con la sostenibilidad de la empresa, desde el punto de vista económico y medioambiental".

Esta asociación, que celebró en Ávila su directiva en junio, cuenta con más de cien socios, que concentran el 40% de la facturación y del empleo de la industria agroalimentaria de Castilla y León, cuya actividad se desarrolla en diferentes sectores.

La directiva de Vitartis, reunida en las instalaciones de Lesaffre Ibérica, en Valladolid, se ha felicitado por la evolución de la asociación durante su década de funcionamiento, durante la cual ha alcanzado "con éxito buena parte de sus principales objetivos".

Entre ellos, ha destacado su "contribución a la dinamización de la innovación y la tecnología de las industrias asociadas, la extensión de la cultura de la colaboración entre las compañías, el impulso a la formación, especialmente de los equipos directivos, y la interlocución permanente con las administraciones públicas".

La presidenta de Vitartis, Beatriz Escudero, ha destacado "el dinamismo" de la asociación, a la vez que ha señalado que el actual es "un buen momento de pararse a reflexionar y analizar cómo se puede seguir colaborando con las industrias en su compromiso de mejorar constantemente en términos de competitividad".

Incertidumbre

La presidenta de Vitartis ha expresado la "preocupación" de las industrias alimentarias por la "incertidumbre que genera la complejidad de la situación política nacional", ya que a su juicio "arroja dudas sobre aspectos clave para la estabilidad económica y financiera del país".

Entre ellos, Escudero se ha referido al debate sobre los Presupuestos Generales del Estado, al "previsible" incremento de la fiscalidad y al "más que probable aumento de las cargas sociales".

Asimismo, ha asegurado que la industria alimentaria de Castilla y León "necesita el apoyo de las administraciones públicas", aunque ha precisado que "no se trata de reclamar subvenciones, sino estabilidad, seguridad jurídica, simplificación burocrática, incentivos a la inversión y apoyo a la modernización y a la internalización de las empresas".