Ha sido en el transcurso de la reunión mantenida por representantes de Cecale con la nueva delegada, en la que Saborido pide “una  respuesta vinculante, efectiva y ejecutiva por parte de la Administración central” y que el Gobierno “exprese su posición oficial y aclare cómo va a ejecutar tanto la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como las directrices que sobre el cumplimiento de dicha sentencia dio en su momento el Gobierno de Europa”.

El presidente de la patronal cree que “ante el cúmulo de informaciones, desinformaciones e interpretaciones que suelen rodear este asunto”, el Gobierno tiene que “tomar una decisión”.

Por eso Saborido ha solicitado a la delegada que tenga en cuenta los “planteamientos razonados” para la supresión de un pago que “lastra la comunicación entre Ávila y Madrid por carretera”.

Dice que Confae, al igual que otras Administraciones e instituciones de Ávila, ha venido defendiendo que la comunicación por la A-6 con Madrid debe ser gratuita, al igual que lo son otros muchos accesos con la capital de España por vías de alta capacidad desde distintos puntos de nuestro país.

El presidente de la patronal ha señalado que esta reclamación la formulan desde 1999, cuando se opusieron a la intención del Ministerio de Fomento de prorrogar la concesión, y enviaron un escrito al presidente de la Junta de Castilla y León, Juan José Lucas, para pedirle la mejora de la carretera de El Espinar y la reducción del peaje y su limitación en el tiempo.

También aseguran que lo han propuesto siempre a los partidos cuando ha habido elecciones, y lo han reivindicado en varias ocasiones a los anteriores subdelegados del Gobierno en Ávila, José Luis Rivas y María Ángeles Ortega-, lo volverán a expresar cuando se reúnan con el nuevo representante del Gobierno, Arturo Barral.

Por otra parte, en la reunión celebrada en Valladolid con la delegada del Gobierno en Castilla y León, la patronal ha expresado su preocupación por la elevada carga fiscal que soportan las empresas y la “excesiva presión inspectora por parte de Hacienda”, lo que “provoca deslocalizaciones y pérdida de competitividad, más allá de la disposición de las empresas para cumplir la ley, como no puede ser de otra manera”.