Este asociación, que agrupa a todas las empresas del sector, ha pedido al Ejecutivo central un plan que "siente las bases de la movilidad sostenible en las ciudades españolas", en el marco del XV Congreso Nacional de Transportes Urbano y Metropolitano celebrado en capital abulense con 300 participantes.

Esta propuesta pretende "dejar atrás el localismo con el que exclusivamente se aborda en la actualidad y elevándolo a cuestión de Estado", de manera que "se ofrezca la misma dimensión al problema de la contaminación que a su solución, el transporte público".

Según los responsables de ATUC, con este plan se daría respuesta a "los grandes cambios sociales que amenazan la sostenibilidad del sistema", entre los que figuran el aumento de la concentración urbana y el progresivo envejecimiento de la población.

Para esta asociación, resulta "imprescindible" dar a este plan un enfoque nacional, pese a que la gestión de la movilidad y del transporte público es competencia de los ayuntamientos y que "siempre se han de valorar las particularidades y el tamaño de cada municipio".

"Este nuevo enfoque pasa porque el Estado tenga una mayor participación garantizando unos niveles de inversión y aumentando su peso en la financiación, además de ordenar y acompasar las medidas de índole social y ambiental", ha explicado la asociación. Entre esas medidas, se refiere a las bonificaciones sociales del transporte o el desarrollo de los planes en episodios de alta contaminación, entre otros.

Ministerios

Además de tener en cuenta a las tres administraciones competentes, ATUC cree que también deben estar todos los ministerios involucrados: Fomento -transporte-; Hacienda -financiación e inversiones-; Transición Ecológica -cambio climático- y Sanidad -la contaminación como una de las primeras causas de mortalidad-.

Para los empresarios del sector, "la primera piedra" del plan que plantea sería "el desarrollo de una Ley de Financiación del Transporte Público" que estableciera un marco legal de ámbito estatal a la financiación del sistema, que requiere actualmente "alrededor de 2.500 millones de euros de recursos públicos".

Asimismo, plantean que dicha ley establezca "lo que cada nivel de la administración aporta a la financiación del sistema", de manera que el Estado y las comunidades autónomas eleven hasta el 30 por ciento su aportación, mientras que los ayuntamientos cubrirían el 25 y los ingresos por billete el 45 por ciento restante.

El secretario general de ATUC, Jesús Herrero, se ha preguntado: "si el problema de la contaminación y la lucha contra el cambio climático es una cuestión de Estado, ¿por qué no lo es una solución coordinada por el transporte colectivo urbano?".

"Si tanto se ha esforzado España en conectar por alta velocidad las capitales de provincia, ¿por qué no se da la misma importancia al transporte urbano que al interurbano?", ha concluido.