La funcionaria, en el puesto de auxiliar sanitaria, continuará en activo después de que se le impusiera la jubilación en verano de 2016, al cumplir los 65. Fue ella misma quien solicitó la prórroga en el plazo que procede.

Llevaba trabajando para la administración provincial desde 2002, sin que consten “quejas, ni de residentes ni de compañeros”, según ha defendido Francisco Muñoz, de la Unión General de Trabajadores.

La resolución de denegación fue recurrida ante los tribunales de justicia y el TSJ de Castilla y León en septiembre de 2017, lo que conllevó la condena a Diputación por haber actuado de forma “arbitraria”, vulnerando los artículos 103.1, 106.1 y 93.3 de la Constitución.

Se reintegrará en el puesto de trabajo a la funcionaria, se le abonarán las retribuciones mensuales dejadas de percibir más el interés legal, así como el ingreso de las cotizaciones a la Seguridad Social.

Diputación deberá abonar 56.190 euros, pero en UGT van un paso más allá y consideran que debe ser quien causó la “arbitrariedad” quien pague, es decir, “el presidente Jesús Manuel Sánchez Cabrera”.

“Con Diputación no hay forma de entenderse fuera de los juzgados”, ha defendido José Carlos Pajares, de UGT.