Según fuentes judiciales, el regidor ha reconocido los hechos, pero ha trasladado la responsabilidad a la entonces secretaria del Ayuntamiento de Arenas, Pilar Pazos Vecino, de quien afirma que fue ella la que le convenció para presentar la denuncia, además de señalar que entre ambas funcionarias municipales no había enemistad, pero sí discrepancias profesionales.

También ha reconocido que fue él quien dio instrucciones a la letrada del Ayuntamiento, Salomé Jara, para que presentara la demanda penal contra la interventora  ante el Juzgado de Instrucción de Arenas de San Pedro, si bien en el momento de presentarla no tenía constancia de que la interventora hubiera realizado revelación de documentos, que era el objeto de la denuncia.

Sánchez Mesón  ha reconocido que los reparos que interponía la interventora a algunas actuaciones del alcalde al considerar que no se atenían a la legalidad, eran levantados por decretos de la alcaldía.

El alcalde denunció a la interventora por una supuesta revelación de secretos y le revocó su cargo en el Ayuntamiento arénense. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Ávila  consideró la demanda carente de fundamento, al considerar que no eran ciertas las acusaciones, como también concluyó la Junta, que desestimó la revocación del nombramiento de Pardo Ballester que había hecho el alcalde.

En aquel momento, la interventora, que ahora se encuentra destinada en el Ayuntamiento de Toro (Zamora), denunció presiones por parte del alcalde, al que acusa de abuso de autoridad y de provocar con sus decisiones un grave perjuicio a la labor de intervención del Consistorio.