Las alegaciones están formuladas "desde la legalidad y la legalidad vigente, basadas en informes técnicos", y parten de la idea que "la proliferación masiva de minas no es buena para los intereses de los abulenses" e implica "una contradicción con los intereses estratégicos de la provincia".

A la vez, ha dicho que la oposición de la institución provincial a los permisos mineros se lleva a cabo desde la legislación vigente, lo que no impide que  cualquiera tenga derecho a solicitar el desarrollo de una prospección.

Así lo ha explicado a preguntas de los miembros de las plataformas contra las minas. Cuando representantes de las tres plataformas han acudido al Torreón de los Guzmanes a presentar un escrito contra los proyectos, han sido recibidos por el presidente y, junto al portavoz socialista, Jesús Caro, se han reunido en el salón de plenos en un encuentro que no estaba previsto.

"Según la legislación vigente cualquiera tiene el derecho siempre y cuando cumpla la ley", ha manifestado para justificar que la Diputación no puede manifestar un rechazo frontal, aludiendo a que en la actualidad funcionan prospecciones mineras en Arevalillo, Tornadizos y Aldeavieja.

Primer minuto

Distintos departamentos de la institución provincial trabajan "desde el primer minuto" en el asunto de los proyectos mineros en respuesta a las peticiones de ayuda de los ayuntamientos, que es "una de las tareas que encomienda la ley" a las diputaciones.

Por un lado, el equipo de asesoramiento a municipios trabaja facilitando las alegaciones a presentar por los ayuntamientos, en documentos que se pondrán a disposición de las plataformas y de ciudadanos a título particular.

Por otra parte, el equipo jurídico está elaborando los recursos de alzada que los ayuntamientos del Valle del Corneja presentarán el viernes.

Mientras tanto, el técnico de medio ambiente de la Diputación "examina exhaustivamente los proyectos para defender los intereses de los municipios afectados", ya que el medio ambiente es "uno de los compromisos más importantes" de la institución.

Por otra parte, ha señalado que con las alegaciones de la Diputación espera "hacer más fuerza" como entidad local de rango superior.

Vigilantes

También ha dicho confiar en la labor de los técnicos de la Junta de Castilla y León a la hora de evaluar las alegaciones, ha llamado a confiar en todas las leyes y normativa, y ha asegurado que estarán "vigilantes" en todo el proceso.

Sánchez Cabrera ha dicho hablar en nombre de todos los grupos, y ha indicado que en el pleno de marzo, el próximo lunes, confía en que se presente una declaración institucional que saldrá de las mociones presentadas por PP y PSOE.