Mientras tanto, un auto judicial del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ávila confirma el sobreseimiento provisional que se dictó en diciembre para los dos funcionarios de prisiones al no haberse probado las imputaciones contra A.B.S. y F.J.L.P.

La acusación particular en este caso, que ejerce la Asociación Clara Campoamor, y el Ministerio Fiscal recurrieron en apelación la decisión del sobreseimiento provisional de las diligencias previas por parte del juzgado.

El fallo, dictado a finales de año, apuntaba "versiones contradictorias entre las partes" indicando que no había datos "objetivos" que "permitan atribuir mayor credibilidad a las declaraciones de cargo".

Los recursos respondieron que había "de una forma muy clara indicios" por parte de los cuatro funcionarios investigados de "haber cometido un delito de abusos en el ejercicio de sus funciones y contra algunos de ellos de abusos y agresión sexual".

La Audiencia estima "en parte" los recursos de apelación y mantiene abierto el procedimiento contra dos de los funcionarios y confirma el sobreseimiento provisional de los otros dos.

El auto habla de "indicios racionales" sobre los dos funcionarios investigados y subraya que "sólo en el juicio oral se deberá probar o descartar esa posible actuación delictiva, siendo esta resolución dictada sólo a nivel indiciario". Se trata de J.A.J.F. y V.G.M. Se señala que pudieron haber infringido el artículo 443.2 del Código Penal, cuando dice que "el funcionario de Instituciones Penitenciarias o de centros de protección o corrección de menores que solicitara sexualmente a una persona sujeta a su guarda será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a 12 años".

Este caso se alarga en el tiempo, puesto que la declaración de los cuatro funcionarios en el juzgado se produjo en enero de 2015, en ese momento imputados por supuestos delitos contra la libertad sexual de varias internas, cuando negaron los hechos de los que se les acusaban.