La mujer llevaba viviendo en esa casa cuatro años, en régimen de alquiler  gestionado por Provilsa, antes Somacyl, empresa pública dependiente de la Junta de Castilla y León, que reclamaba el pago del arrendamiento en una notificación judicial desde agosto de 2013.

Este colectivo ha informado de que la mujer ha acudido a la plataforma, “en medio de una crisis de ansiedad y depresión”, por lo que se ha puesto a su disposición, sin descartar emprender acciones de protesta contra Provilsa y la Junta.