Creen que puede tener responsabilidad penal por delito de desobediencia al no acatar la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

La sentencia obligaba al Ayuntamiento a sacar a concurso la plaza, en el plazo de meses en un plazo que terminó el 7 de marzo, según ha dicho el concejal de IU, Diego Sánchez, que ha pedido "el inmediato cumplimiento" de la decisión judicial.

Ha acusado a la alcaldesa y procuradora regional de gobernar "con capricho y opacidad" en las contrataciones, porque "siempre se sabe quién va a ser el elegido".

Perjudicado

La denuncia fue presentada por un vecino tras quedar segundo en la resolución de la convocatoria laboral, que consideró arbitraria la decisión del jurado. La sentencia obliga a sacar de nuevo a concurso la plaza

El afectado quedó el primero en las pruebas teórico-prácticas, pero a la hora de valorar su experiencia y currículum fue relegado al segundo puesto. Las bases de la convocatoria no fueron publicadas en el Boletín Oficial del Estado, y en ellas no aparecían las valoraciones ni los baremos con la puntuación a otorgar.

El edil ha destacado que la sentencia afirma que el proceso de selección "no cumplía con las exigencias mínimas", y que la selección supuso "una inmotivada libre designación" que puede vulnerar los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Dos meses

"La alcaldesa, que dijo que acataba pero no respetaba la sentencia, a la que recurrió y perdió, ha incumplido el periodo de dos meses para ejecutarla", ha explicado el concejal.

El diputado provincial Santiago Jiménez, ha criticado que se hayan saltado "todos los principios que debe cumplir una administración” y ha advertido de un posible delito de prevaricación.

El coordinador de IU, José Alberto Novoa, cree que además de "un claro ejemplo de caciquismo", se trata de "una situación de responsabilidad penal por delito de desobediencia".