El consejero de Sanidad acusa al Ayuntamiento de Ávila de perder 659.000 euros para servicios sociales

El aumento de los fondos destinados a los servicios sociales en Ávila ha enfrentado a la Junta y a Por Ávila durante el pleno de las Cortes de Castilla y León, en el que el procurador Pedro Pascual ha preguntado sobre la financiación. El consejero ha esgrimido que la financiación es adecuada, mientras que Pascual ha advertido que los costes de los servicios crecen "más deprisa" que las aportaciones de la Comunidad.

Según los datos expuestos por Vázquez, la financiación prevista en el acuerdo marco para Ávila ha pasado de 14,5 millones de euros en 2024 a 17,4 millones en 2026. Esto supone un incremento de 2,9 millones de euros, equivalente al 20%.

El consejero ha sostenido que la Junta cumple sus compromisos y garantiza la prestación de los servicios sociales mediante un modelo basado en la "corresponsabilidad" y la "financiación compartida" con las entidades locales, a la vez que ha rechazado las críticas sobre la insuficiencia de recursos y ha asegurado que los "datos dicen lo contrario". También ha defendido que ayuntamientos y diputaciones deben asumir sus responsabilidades en la gestión de los fondos que reciben.

Vázquez ha afirmado que el Ayuntamiento de Ávila perdió el derecho al cobro de 659.000 euros por no justificar programas de servicios sociales. Con este dato ha cuestionado las peticiones de mayores aportaciones económicas cuando, según ha sostenido, algunas administraciones locales no ejecutan o aprovechan todos los fondos que tienen asignados. También ha criticado que las entidades locales puedan reclamar más recursos para evitar "rendir cuentas" sobre su propia gestión.

Respecto al destino de la financiación autonómica, Vázquez ha asegurado que las cantidades previstas permiten cubrir el 100% del coste del personal técnico de los centros de acción social (CEAS) y de los equipos multidisciplinares, así como el 90% de la ayuda a domicilio. Y ha añadido que el acuerdo marco también contribuye a financiar las prestaciones de emergencia social y los recursos destinados a personas mayores y con discapacidad.

Financión para los municipios
Por su parte, Pascual ha cuestionado que ayuntamientos y diputaciones tengan que adelantar dinero para mantener servicios que, a su juicio, corresponden a la Junta de Castilla y León. El procurador de Por Ávila ha reconocido la necesidad de reformar el modelo de financiación autonómica, pero ha considerado que esa revisión debe ir acompañada de una mejora de los recursos económicos que reciben las entidades locales.

En concreto, ha reclamado una financiación "suficiente y estable" que permita afrontar el incremento de los gastos sin trasladar a los municipios una carga económica cada vez mayor. Pascual ha advertido de que la distribución de competencias entre administraciones no puede convertirse en una "excusa" para que la insuficiencia de recursos termine afectando a los ciudadanos.

Por ello, ha pedido un incremento estructural de las aportaciones destinadas a los municipios, especialmente para sostener los servicios dirigidos a familias, menores, jóvenes, personas vulnerables y mayores.

Además, el procurador abulense ha planteado una medida concreta para la provincia: la puesta en marcha de un programa de comida a domicilio, ya aprobada por la Diputación. Pascual ha defendido esta prestación como una herramienta para combatir la soledad no deseada y reducir los riesgos de "malnutrición", especialmente entre las personas mayores y quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.