Cáritas alerta del grave problema de la vivienda: ni tener trabajo garantiza salir de la pobreza

Así lo han expuesto el delegado episcopal de Cáritas Diocesana de Ávila, Antonio Luis Nicolás, y la técnica del Programa de Acogida y Atención Primaria, Marta Estévez, durante la presentación de los datos de la entidad con motivo de la Jornada de las Personas Sin Hogar, que se celebra el último domingo de octubre.

Nicolás ha advertido de que la incorporación al mercado laboral ya no supone necesariamente superar una situación de vulnerabilidad económica. Según ha explicado, los estudios realizados por Cáritas a través de la Fundación Foessa muestran las dificultades de numerosas familias para equilibrar sus ingresos con los gastos necesarios para mantener unas condiciones de vida dignas.

"Una persona o una familia, por el hecho de alcanzar un puesto de trabajo, no tiene garantizado salir del umbral de la pobreza", ha señalado. El delegado episcopal ha añadido que "incluso hoy, con dos salarios es muy difícil cubrir las necesidades básicas y de dignidad que requiere todo ser humano".

Esta insuficiencia de ingresos repercute directamente en las posibilidades de acceder a una vivienda. El coste del alquiler, las dificultades para obtener financiación hipotecaria y la inestabilidad residencial constituyen, según Cáritas, obstáculos que impiden a muchas personas desarrollar un proyecto de vida independiente.

La entidad ha llamado especialmente la atención sobre la situación de la población migrante, que en numerosos casos carece de redes familiares o sociales de apoyo para afrontar estas dificultades.

Marta Estévez ha confirmado que los problemas relacionados con la vivienda ocupan un lugar cada vez más importante en las intervenciones de Cáritas. "La vivienda se sitúa como principal factor de empobrecimiento y exclusión social, vinculado de forma directa con la pérdida del poder adquisitivo y la insuficiencia salarial", ha afirmado.

Más vivienda social
Ante esta situación, la organización ha reclamado una mayor implicación de las administraciones públicas y, especialmente, un impulso a la construcción de vivienda social que permita ofrecer alternativas a las familias con menos recursos.

Antonio Luis Nicolás ha defendido la necesidad de recuperar este tipo de actuaciones, que considera insuficientes para responder a las dificultades actuales de acceso a la vivienda. También ha pedido que el problema se aborde al margen de los enfrentamientos políticos. "No podemos permanecer en la polarización, en la confrontación ni en hacer de este problema algo partidista. El precio del alquiler, la falta de garantías, el hecho de compartir vivienda y la falta de estabilidad están perjudicando a muchos de nuestros conciudadanos", ha manifestado.

Cáritas considera que las dificultades residenciales no pueden abordarse únicamente mediante ayudas económicas puntuales, sino que requieren actuaciones que permitan a las familias alcanzar una mayor estabilidad.

En este sentido, Estévez ha explicado que la entidad realiza una evaluación individualizada de cada situación para identificar las causas de la vulnerabilidad y determinar qué recursos pueden resultar más adecuados.

"No se trata únicamente de responder a una dificultad económica puntual, sino de comprender qué está provocando esta situación, qué recursos pueden resultar adecuados y cómo podemos acompañar a la persona o familia para mejorar su situación y avanzar hacia su autonomía", ha indicado.

Ayudas al alquiler
Los datos de Cáritas reflejan la demanda de recursos relacionados con la vivienda en Ávila. Durante los últimos dos años, la organización ha facilitado ayudas para el pago del alquiler a 120 personas, mientras que otras 87 han recibido apoyo para afrontar gastos de suministros básicos, como la electricidad o la calefacción.

La entidad dispone también de cuatro viviendas sociales destinadas a familias con menores en situación de vulnerabilidad. En los últimos dos años, estos inmuebles han alojado a 39 personas y, según Cáritas, permanecen ocupados de forma continuada. La estancia es gratuita, aunque se regula mediante contratos que establecen compromisos relacionados con la autonomía de las familias y la temporalidad del alojamiento.

A estos recursos se suma la colaboración con la Junta de Castilla y León a través del Programa 3 del Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda, que contempla soluciones habitacionales urgentes para personas sin hogar, víctimas de violencia de género y familias inmersas en procesos de desahucio.

Este programa permite conceder ayudas de hasta 600 euros para afrontar gastos de alquiler y suministros. Cáritas cuenta además con fondos propios y con la colaboración de la Fundación La Caixa para atender situaciones de emergencia y evitar cortes de servicios esenciales.

Personas sin hogar
La organización ha presentado también los datos de atención a las personas que ya se encuentran en situación de sinhogarismo. En lo que va de 2026, Cáritas Diocesana de Ávila ha atendido a 363 personas sin hogar, de las que 320 son hombres y 43 mujeres.

Durante este periodo ha proporcionado 2.770 servicios de alojamiento. Por su parte, el Hogar Santa Teresa ha contabilizado 14.724 servicios prestados entre alojamientos, desayunos y comidas. Estas cifras muestran el volumen de asistencia que desarrolla la entidad, aunque el número de servicios no equivale al de personas atendidas, puesto que un mismo usuario puede recibir varias prestaciones.

En el conjunto de Castilla y León, las Cáritas Diocesanas han atendido a más de 45.000 personas, según los datos recogidos en el documento 'Habitar entre la precariedad y la exclusión', presentado esta semana.

Superar los prejuicios sobre la pobreza
Cáritas ha aprovechado la presentación de estos datos para pedir que se superen los prejuicios sobre las personas que necesitan asistencia social. La organización insiste en que sus ayudas no responden a perfiles predeterminados, sino a situaciones concretas de necesidad, y que su intervención busca favorecer la autonomía de quienes atraviesan dificultades económicas.

El delegado de la organización ha defendido que la vivienda debe entenderse como una necesidad básica y no como un bien inaccesible para quienes disponen de menos recursos. "Tener una vivienda digna no debería ser un privilegio, sino una condición fundamental para desarrollar un proyecto de vida con dignidad", ha señalado.

El delegado episcopal ha concluido recordando que disponer de un techo no garantiza por sí solo la estabilidad necesaria para desarrollar una vida familiar y personal. "Una vivienda no es un hogar; un techo no es un hogar. Un hogar es un derecho constitucional y un derecho humano", ha afirmado.