El alcalde de Cebreros denuncia un trato “discriminatorio” del Gobierno a los municipios afectados por los incendios

El regidor cebrereño ha reclamado también la aprobación de un decreto ley específico para todas las localidades que sufren los efectos del fuego, en referencia a los problemas de abastecimiento de agua como consecuencia de los arrastres de ceniza en algunos de los pueblos afectados por la catástrofe.

“Las consecuencias del incendio siguen causando daños”, ha reiterado Muñoz, tras denunciar que “en otros lugares las ayudas las paga el Estado y las anticipa”, a diferencia de lo que a su juicio está sucediendo en las zonas afectadas por los incendios de este verano.

Cebreros sufrió este verano los efectos de dos grandes incendios, el de Burgohondo y el de San Martín de Valdeiglesias, que afectaron a distintas zonas de su término municipal. Por ello, Muñoz ha defendido que la declaración de emergencia de interés nacional debería traducirse en un “mayor compromiso económico” del Estado y ha reclamado medidas que garanticen la igualdad de trato con otros territorios afectados por catástrofes

Muñoz considera que las ayudas estatales aprobadas para las zonas afectadas por los fuegos son “insuficientes”, ya que no responden a la magnitud de una emergencia que llegó a ser declarada de interés nacional por primera vez en la historia. 

Ampliar compensaciones

Por ello, ha pedido que se amplíen las compensaciones para particulares, empresas y ayuntamientos, y que se establezcan anticipos económicos que faciliten la recuperación.

El regidor ha comparado las ayudas previstas para estos incendios con las concedidas en otras catástrofes. Según ha expuesto, las compensaciones por daños en viviendas, elementos estructurales y enseres son inferiores, mientras que no se contemplan determinadas ayudas por desalojos ni medidas específicas para la recuperación de la actividad agrícola y empresarial.

Pedro Muñoz sí reconoce, sin embargo, que el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha aprobado medidas para los afectados desde el punto de vista laboral; sin embargo, ha lamentado que, ante la primera emergencia nacional, que obligó a declarar el nivel 3, tomando los mandos el Ejecutivo central, “no se adoptó ninguna medida más allá de lo social”.

En el caso de los ayuntamientos, ha criticado que las ayudas estatales se limiten a la reposición de infraestructuras dañadas y cubran únicamente el 50% de los costes, sin anticipos. Frente a ello, ha señalado que otras emergencias han contado con financiación para nuevas infraestructuras y con mayores porcentajes de cobertura.

Vergüenza y tomadura de pelo

Muñoz también ha cuestionado la falta de información sobre las ayudas disponibles y los plazos para solicitarlas, lo que a su juicio perjudica a los vecinos y a las administraciones locales, que deben afrontar gastos adicionales con recursos propios o con el apoyo de la Junta de Castilla y León y la Diputación de Ávila.

En este sentido, ha acusado directamente al subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano, quien a su juicio “está jugando a que pase el plazo para que no se soliciten las ayudas”. Así, ha calificado de “insoportable” una situación ante la que “el Gobierno se lava las manos”. Por ello, considera que los municipios afectados se sienten “abandonados” y “despreciados”.

Tras hablar de “vergüenza” y “tomadura de pelo”, Pedro José Muñoz ha augurado que los vecinos “tomarán nota” del “desprecio” ante las “cercanas fechas” que se avecinan, en referencia a las Elecciones Generales del próximo 29 de noviembre.

El alcalde de Cebreros ha advertido, además, de que las consecuencias de los incendios continúan manifestándose meses después, especialmente por los problemas de abastecimiento de agua y los daños derivados de las lluvias. 

En este sentido, ha citado las dificultades registradas en Piedralaves y Casavieja, donde el arrastre de cenizas y otros materiales ha afectado a los sistemas de captación.

Por todo ello, Muñoz ha insistido en la necesidad de que el Gobierno apruebe un decreto ley “específico” para la zona afectada por los incendios de este verano, al tiempo que ha contrapuesto la falta de información por parte del Ejecutivo central con los datos que a su juicio sí facilita la Junta.