La investigación comenzó con la denuncia en la Comisaría de Ávila de la Asociación de Jubilados y Pensionistas Virgen de la Piedad, de El Barraco, después de que 66 socios se quedasen sin unas vacaciones por las que habían pagado cerca de 30.000 euros.
El colectivo había reservado en febrero un paquete vacacional que incluía transporte y alojamiento durante una semana en la costa, con salida prevista para el 20 de septiembre y regreso el día 27. Sin embargo, los 66 participantes se quedaron sin viajar y perdieron cerca de 30.000 euros.
Durante los meses posteriores a la contratación, la responsable de la asociación efectuó varios ingresos para abonar el viaje. Los problemas surgieron cuando se acercaba la fecha de salida y resultó imposible contactar con la agencia. Ante la falta de respuesta, la asociación se puso directamente en contacto con el hotel de destino. El establecimiento confirmó que no existía ninguna reserva abonada a nombre del colectivo ni de las personas que tenían previsto alojarse.
Más afectados
La denuncia presentada en Ávila fue trasladada a las dependencias de la Policía Nacional en Salamanca, donde comenzaron a recibirse nuevas denuncias de particulares que relataban situaciones similares relacionadas con la misma agencia.
Los investigadores comprobaron que los hechos afectaban tanto a asociaciones que habían contratado viajes organizados como a clientes particulares que habían pagado sus vacaciones a través del establecimiento.
En el caso de los colectivos, la agencia ofrecía paquetes que incluían transporte y alojamiento, pero no llegaba a abonar los servicios a los proveedores. Esta situación provocaba la cancelación de los viajes y dejaba a los clientes sin las vacaciones contratadas.
Entre los particulares se detectaron casos de personas que habían pagado cantidades superiores a los 1.000 euros por reservas hoteleras. Algunas descubrieron que el alojamiento no estaba abonado cuando llegaron al establecimiento donde tenían previsto pasar sus vacaciones.
La investigación ha permitido contabilizar hasta el momento unas 80 personas perjudicadas y un importe presuntamente defraudado superior a los 40.000 euros, de los que cerca de 30.000 corresponderían al viaje frustrado de los jubilados de El Barraco.
Agencia cerrada
Durante las pesquisas, los agentes identificaron a la mujer responsable de la agencia de viajes y comprobaron que el negocio había cesado su actividad y permanecía cerrado al público. Una vez localizada, la Policía Nacional procedió a su detención como presunta autora de un delito continuado de estafa.
La mujer fue puesta posteriormente a disposición de la autoridad judicial en Salamanca, junto con las diligencias practicadas durante la investigación.
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