Greenpeace exige medidas urgentes para proteger el agua y esperar para sacar la madera

La organización advierte de que los efectos de los incendios no terminan con la extinción de las llamas y reclama a las administraciones que refuercen las medidas de protección del suelo y del agua en las zonas afectadas. "Es evidente que la emergencia no termina cuando se apaga el fuego. Sin actuaciones posteriores para estabilizar el suelo y proteger los recursos hídricos, estamos sembrando nuevas crisis ecológicas y sociales", señala Mónica Parrilla, responsable de la campaña de Incendios de Greenpeace.

Según la organización, las consecuencias afectan a municipios afectados, que han tenido que recurrir a camiones cisterna y agua embotellada para garantizar el suministro en varios puntos. Greenpeace reclama la instalación de pequeños diques, barreras provisionales y acolchados de paja para reducir la erosión y evitar que las cenizas lleguen a los cauces y las captaciones de agua.

Madera quemada 
También cuestiona la retirada generalizada de madera quemada. La organización recuerda que la Junta de Castilla y León ha ordenado retirar madera en la zona afectada por el incendio de Burgohondo, pero considera que esta actuación puede dejar el terreno más expuesto a las lluvias.

Por ello, propone retrasar unos meses la tala de los árboles quemados, cuando las condiciones lo permitan, y realizar posteriormente una retirada selectiva adaptada a cada zona.

La organización alerta de que la contaminación no se limita a los arrastres visibles en ríos y embalses. Las sustancias movilizadas por las lluvias también pueden infiltrarse y alcanzar los acuíferos, con efectos que pueden manifestarse semanas, meses o incluso años después.

Greenpeace cita un informe de 2025 del Colegio de Ingenieros Civiles según el cual la contaminación de las aguas superficiales tras un incendio puede persistir entre tres y cinco años, mientras que los episodios de lluvias intensas pueden seguir provocando arrastres durante al menos año y medio. La organización considera especialmente importante reforzar la vigilancia de la calidad del agua durante los periodos de lluvias de otoño e invierno y mantener el seguimiento durante sucesivas campañas.

Ante esta situación, Greenpeace pide que la protección de las aguas superficiales y subterráneas sea una prioridad en los planes de restauración de las zonas incendiadas. Entre sus demandas figuran establecer protocolos de respuesta rápida tras los incendios, reforzar las redes de control de calidad del agua y mejorar la coordinación entre las confederaciones hidrográficas, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

También reclama incorporar el riesgo de incendios a la planificación hidrológica y ampliar la investigación sobre sus efectos en los acuíferos. La organización ecologista insiste en que las actuaciones posteriores a los incendios deben mantenerse durante años, especialmente en territorios donde las lluvias pueden seguir arrastrando materiales desde los terrenos quemados y comprometer los recursos hídricos de las poblaciones cercanas.