Pepe Álvarez asegura que la huelga general por la vivienda no será durante la campaña electoral

Álvarez ha hecho estas declaraciones en Ávila, en la tarde del lunes, minutos antes de que se conociese que UGT y CCOO van a convocar una jornada de huelga general, ya que durante su intervención no había dado por cerrada la convocatoria del paro.

"La posición de la UGT será la misma que la de Comisiones, la de Comisiones será la misma que la UGT y lo haremos público en el momento en que tengamos cerrado cómo lo vamos a hacer", ha manifestado. “No sé si noviembre es el mes adecuado, con todo lo que hay por delante, o hay que hacerlo antes. En todo caso, nosotros lo que no vamos a convocar es la huelga en campaña", ha afirmado. 

El calendario y las condiciones de las movilizaciones deberán abordarse también con el Sindicato de Inquilinas, organización que ha reclamado la convocatoria de una huelga general ante la situación de la vivienda.
Álvarez ha expresado su respaldo al movimiento de inquilinos y ha reconocido el protagonismo adquirido por estas organizaciones en las protestas frente a los desalojos. Al mismo tiempo, ha diferenciado esas movilizaciones de una huelga laboral, cuya convocatoria corresponde a las organizaciones sindicales.

"Si hay paro laboral, lo tenemos que convocar nosotros u otras organizaciones sindicales porque somos los que constitucionalmente lo podemos hacer", ha afirmado. El secretario general de UGT ha insistido, sin embargo, en que no pretende abrir una disputa sobre quién encabeza las movilizaciones y ha defendido sumar esfuerzos. 
UGT ya trabajaba, según ha explicado, en un proceso de movilizaciones por diferentes reivindicaciones laborales. La vivienda estaba incluida inicialmente entre esos asuntos, pero sin constituir su eje principal. Los últimos acontecimientos han llevado al sindicato a conceder una mayor relevancia a este problema.

La vivienda en los convenios
El secretario general de UGT ha vinculado directamente la crisis de la vivienda con la situación económica de los trabajadores y la negociación de los salarios. "Los aumentos de la vivienda que se están produciendo en nuestro país no hay convenio que los aguante", ha afirmado Álvarez, quien considera que los incrementos que pueden conseguirse mediante los convenios colectivos no resultan suficientes para compensar la evolución del coste residencial. 

La preocupación por la vivienda ya había llegado a las negociaciones sindicales con la patronal. Según Álvarez, UGT incorporó hace cerca de un año a su plataforma para renovar el acuerdo para el empleo y la negociación colectiva la necesidad de tener en cuenta el desajuste entre el coste de la vivienda y las condiciones económicas de los trabajadores.

Los sindicatos también han mantenido reuniones con administraciones autonómicas y con el Ministerio de Vivienda. Álvarez considera que, además de la actuación de las comunidades autónomas dentro de sus competencias, el Gobierno central debe tener presente la dimensión económica y social del problema.

El responsable de UGT ha llegado a situar el acceso a una vivienda como "seguramente" el principal problema social y económico que afronta España. 

Horizonte de diez años
Entre las propuestas que UGT pretende llevar al debate político figura una estrategia de construcción de vivienda con carácter permanente y un horizonte de, al menos, diez años. Álvarez plantea que se determine qué porcentaje del PIB debe dedicarse a las políticas de vivienda y a la construcción residencial durante ese periodo, en lugar de limitar las actuaciones a medidas coyunturales.

El sindicato también reclama intervenir sobre la especulación, por lo que defiende que los fondos de inversión dejen de tener presencia en el mercado de la vivienda y les ha atribuido parte del desajuste existente, aunque ha reconocido que no constituyen la única causa del problema. 

Junto a estas medidas, el responsable de UGT ha insistido en la necesidad de mejorar los salarios. El sindicato considera que las dificultades para acceder a una vivienda y llegar a final de mes no pueden abordarse únicamente mediante políticas residenciales, sino también a través de las retribuciones de los trabajadores.
Álvarez ve "pocas salidas" ante la convocatoria electoral

Por otro lado, el líder de UGT se ha referido a la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre, ante lo que ha considerado una situación de "boicot permanente de cualquier iniciativa" en el Parlamento durante la legislatura, por lo que al Gobierno le "quedaban pocas salidas".

Álvarez ha defendido que el presidente del Gobierno está legitimado para convocar las elecciones y ha expresado su deseo de que la campaña se centre en los problemas concretos de los ciudadanos. "Me gustaría que esta sea una campaña en la que podamos hablar de las cosas que preocupan a la gente", ha señalado, a la vez que ha criticado el funcionamiento parlamentario de los últimos años. A su juicio, determinadas votaciones se han planteado más como una oportunidad para derrotar al Ejecutivo que en función del contenido de las medidas debatidas, una dinámica a la que atribuye el bloqueo de iniciativas laborales y sociales.

Jornada de 37,5 horas

Entre esas materias, Álvarez ha mencionado la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales y la reforma de la legislación sobre prevención de riesgos laborales. Ya que considera que estas cuestiones deben formar parte de la agenda sindical independientemente del proceso electoral y pretende incorporarlas a las propuestas que presente a las formaciones que concurran a las elecciones generales. 

El sindicato también tiene pendientes reivindicaciones relacionadas con el salario mínimo interprofesional. Álvarez ha explicado que UGT espera que el Gobierno adopte medidas antes de las elecciones para evitar que determinados complementos salariales puedan ser absorbidos o compensados.

Además, ha planteado una revisión del incremento del SMI ante la evolución de la inflación. Otro de los asuntos señalados es el control de jornada, por lo que  ha reclamado que se adopten medidas para reforzar el registro horario y ha asegurado que en España se realizan entre 2,5 y 3 millones de horas extraordinarias cada semana sin remunerar.

Reivindicaciones

UGT todavía no ha cerrado el documento de reivindicaciones que trasladará a los partidos durante la campaña. Álvarez ha explicado que primero se celebrarán debates internos dentro del sindicato y posteriormente se abordará el contenido con CCOO, con la intención de que ambas organizaciones puedan elaborar una plataforma conjunta. La vivienda será una de las cuestiones centrales, acompañada por los salarios, la jornada laboral y otras reivindicaciones pendientes. 

Álvarez ha realizado además un balance favorable de los ocho años del Gobierno de Pedro Sánchez desde el punto de vista de los avances sociales, el empleo y la actividad económica, aunque ha reconocido que los tres últimos años han sido "bastante más complejos y difíciles".

Entre las medidas que ha destacado figura la reforma laboral. El dirigente de UGT ha asegurado que cuatro millones de trabajadores que anteriormente tenían contratos temporales cuentan ahora con contratos indefinidos. También ha defendido la situación del sistema público de pensiones y su actualización conforme al IPC. Estas cifras y valoraciones han sido expuestas por Álvarez durante su intervención. 

Pensiones y bajas laborales
Por otro lado, ha aprovechado también su comparecencia para rechazar las propuestas de avanzar hacia un sistema mixto de pensiones con un mayor peso de mecanismos privados, “sistema que defiende la extrema derecha”, defendiendo la continuidad del sistema público y ha recurrido a experiencias internacionales para cuestionar los modelos privados. En su opinión, la gestión pública es la que garantiza la sostenibilidad futura de las prestaciones. 

Finalmente, ha mostrado su oposición a las propuestas relacionadas con una mayor intervención de las mutuas en las bajas laborales. El dirigente sindical rechaza que el debate sobre la incapacidad temporal se plantee responsabilizando a los trabajadores de las ausencias por enfermedad y ha defendido la independencia de los profesionales sanitarios encargados de determinar las altas y las bajas.