El primer ataque al incendio de Burgohondo se realizó con equipos incompletos y personal sin experiencia

El sindicato sostiene que estas deficiencias comprometieron la seguridad de los trabajadores y lamenta que varios de ellos quedaron atrapados por el fuego, sufrieron quemaduras e inhalaron humo durante las labores de extinción.

El responsable de Bomberos Forestales de UGT en Castilla y León, Enrique Sánchez Granado, bombero forestal en El Barco de Ávila y delegado sindical en la empresa Tragsa, ha cuestionado la actuación inicial del operativo desplegado por la Junta durante el incendio de Burgohondo, ofreciendo un relato de las condiciones en las que trabajaron los primeros efectivos movilizados y ha denunciado importantes diferencias entre los recursos anunciados por la Administración autonómica y los que, según su versión, llegaron realmente al incendio.

Sánchez Granado ha recordado que la consejera de Medio Ambiente, María González Corral, defendió el 10 de septiembre que se habían enviado los medios helitransportados, terrestres y los agentes medioambientales adecuados para realizar el primer ataque, una intervención que constituye la base de la estrategia de extinción de Castilla y León. Sin embargo, el representante sindical sostiene que los primeros recursos en llegar fueron dos helicópteros ligeros que transportaban, entre ambos, a ocho bomberos forestales y dos responsables.

Según ha explicado, Ávila dispone de tres brigadas helitransportadas que mantienen un modelo de organización heredado de 2004, con aeronaves cuya capacidad se limita a cuatro bomberos forestales y un responsable. UGT considera que estos equipos resultan insuficientes para afrontar las características de los grandes incendios actuales.

Condiciones laborales

El sindicato también denuncia que las condiciones laborales repercuten directamente en la preparación de los efectivos. Sánchez Granado ha señalado que las brigadas helitransportadas trabajan cuatro meses con sus plantillas completas, de entre 16 y 17 personas, mientras que durante el invierno quedan reducidas a un único turno de cinco trabajadores.

Uno de los aspectos más graves expuestos por Sánchez Granado se refiere a la experiencia de los profesionales que asumieron las primeras responsabilidades durante la intervención. Según su testimonio, la técnica de la brigada helitransportada de Cebreros, el primer equipo que llegó al incendio, tuvo que ejercer como directora de extinción pese a que se trataba del primer incendio al que se enfrentaba profesionalmente.

El segundo equipo, procedente de El Barco de Ávila, contaba con un bombero forestal al que se había asignado temporalmente una categoría superior para ejercer como capataz y asumir decisiones operativas.
Sánchez Granado ha asegurado que este trabajador disponía de un contrato de superior categoría de un solo día, que suponía una diferencia salarial de tres euros. A estas circunstancias se sumaron, según UGT, las deficiencias de los medios terrestres.

Ha lamentado que una de las primeras autobombas de la Junta llegó únicamente con su conductor, sin el bombero forestal encargado de manejar las mangueras. Además, asegura que este conductor llevaba tan solo un mes trabajando en el dispositivo autonómico. También ha denunciado que una brigada terrestre perteneciente a una empresa privada acudió con cinco componentes, cuando debería haber contado con siete.

Para el bombero forestal, estas circunstancias demuestran que el primer ataque se efectuó con equipos incompletos y trabajadores que, en algunos casos, carecían de experiencia suficiente para afrontar una emergencia de esas características.

Trabajadores atrapados
La denuncia más grave de UGT se refiere a un episodio en el que los primeros efectivos quedaron atrapados por el fuego durante las labores de extinción, cuando varios trabajadores sufrieron lesiones, entre ellas quemaduras en las manos e intoxicaciones por humo. También ha señalado que la capataz de una de las brigadas sufrió quemaduras en una pierna que la obligaron a permanecer varios días de baja.

El incidente tuvo igualmente consecuencias psicológicas para algunos de los profesionales implicados. Sánchez Granado ha relatado que el trabajador que había asumido temporalmente las funciones de capataz sufrió dificultades para dormir y alimentarse durante los días posteriores, aunque continuó acudiendo a su puesto de trabajo.

Según ha explicado, el Centro de Mando Autonómico activó el protocolo de asistencia psicológica, pero la atención no llegó simultáneamente a todos los equipos afectados, ya que la psicóloga de la Junta no visitó su brigada hasta agosto, pese a que el episodio se había producido el 22 de julio.

El incidente también ocasionó daños materiales. De acuerdo con su testimonio, la autobomba autonómica quedó inutilizada después de sufrir daños en las lunas, los retrovisores y el sistema de autoprotección. UGT sostiene que el conductor desconocía cómo activar este último mecanismo debido a su escasa experiencia en el operativo.

Falta de formación
Las críticas del sindicato se extienden a las intervenciones realizadas durante los días posteriores, cuando los equipos trabajaron en la protección de pueblos, urbanizaciones y otras infraestructuras amenazadas por el incendio.

Sánchez Granado ha denunciado que los bomberos forestales del dispositivo autonómico no reciben formación específica para intervenir en incendios de interfaz urbano-forestal, aquellos que afectan a zonas donde las viviendas y otras construcciones entran en contacto con la vegetación, y ha indicado que el curso básico de 14 horas que reciben los trabajadores no les proporciona la preparación necesaria para afrontar los riesgos específicos de estas intervenciones, como la presencia de bombonas de butano o depósitos de combustible.

El responsable sindical considera especialmente preocupante esta carencia ante la posibilidad de que los grandes incendios forestales afecten cada vez con mayor frecuencia a zonas habitadas.

Vacantes de personal público
Por su parte, la secretaria general de UGT Servicios Públicos de Ávila, Beatriz Llorente, ha lamentado la falta de cobertura de las plantillas del operativo autonómico, ya que de los 219 puestos teóricos de personal público vinculados al dispositivo provincial, únicamente están cubiertos 159. Esto supone 60 vacantes, aproximadamente el 27,4 % de la plantilla prevista.

En el caso de los agentes medioambientales, Llorente ha señalado que existen 117 plazas oficiales distribuidas entre las diez oficinas comarcales de Medio Ambiente de Ávila, pero los efectivos en activo rondan los 80.

La representante sindical ha denunciado, además, que varias contrataciones se realizaron después de los grandes incendios del verano. Entre los ejemplos aportados figuran incorporaciones de vigilantes durante agosto y septiembre y contrataciones de peones de montes el 17 de agosto y el 27 de septiembre. Además, todavía quedan pendientes de cubrir tres puestos de vigilantes, uno de conductor y cuatro de peones.

Por otra parte, el secretario general de UGT Servicios Públicos de Castilla y León, Tomás Pérez Urueña, también ha cuestionado la gestión de la Junta tras visitar algunas de las zonas afectadas del Valle del Tiétar. Durante su intervención, ha recordado el fallecimiento de un trabajador forestal en el incendio de 2005, al que se recuerda con un monumento en Casavieja, y ha denunciado que, más de dos décadas después, persisten problemas relacionados con la formación, la estabilidad laboral y la organización del operativo. 

Según ha explicado, durante su visita encontró trabajadores recién contratados que realizaban labores de prevención sin haber recibido formación previa. Pérez Urueña ha reclamado una estrategia a largo plazo que integre la prevención, la extinción y la reforestación.

Zonas afectadas

En este sentido, ha cuestionado las actuaciones realizadas en las zonas afectadas por anteriores incendios y ha insistido en que la planificación forestal debe tener en cuenta las características de las especies utilizadas. También ha responsabilizado a la Junta de garantizar la formación y las condiciones laborales de todos los integrantes del dispositivo, independientemente de que pertenezcan a la Administración autonómica, a empresas públicas o a compañías privadas.

Por su parte, el responsable federal de Bomberos Forestales de UGT, Javier García Rodríguez, ha situado lo ocurrido en Ávila dentro de un problema que, según sostiene, afecta al conjunto del país. Y ha señalado que España acumula más de 300.000 hectáreas quemadas en 2026 y ha identificado el abandono de las actividades rurales, la insuficiente inversión en prevención y el cambio climático como factores que contribuyen a agravar los incendios forestales.

García Rodríguez también ha denunciado el incumplimiento de distintas disposiciones normativas relacionadas con la prevención y las condiciones laborales de los bomberos forestales. En particular, ha reclamado la aplicación efectiva de la Ley 5/2024, básica de bomberos forestales, y ha advertido de que numerosos trabajadores todavía no tienen reconocida su categoría profesional. El representante sindical ha insistido en la necesidad de dimensionar los dispositivos conforme a las características de cada territorio y de garantizar la formación y los recursos necesarios para intervenir con seguridad.