Asaja pide contabilizar las reses desaparecidas tras ataques de lobo para reflejar el daño real

El último ataque certificado al que alude la organización agraria se ha producido en Navalperal de Tormes, en una explotación en la que un ternero de apenas una semana ha muerto por la acción del lobo. En esa misma ganadería han desaparecido otros cuatro terneros, pero la ausencia de restos impide, según la organización agraria, contabilizarlos e indemnizarlos como daños provocados por esta especie.

Asaja sostiene que situaciones de este tipo hacen que las estadísticas oficiales reflejen unas pérdidas inferiores a las que realmente soportan las explotaciones. La organización señala que los ataques continúan produciéndose, especialmente en la Sierra de Gredos, coincidiendo con una época sensible para las explotaciones de vacuno extensivo por el nacimiento de terneros.

"No podemos medir la dimensión real del problema contando únicamente cadáveres. Si desaparecen animales en una explotación en la que acaba de certificarse un ataque de lobo, esa información debe quedar registrada y ser tenida en cuenta", argumenta la organización, que explica que los terneros de pocos días pueden permanecer descansando alejados de sus madres y que, tras un ataque, el lobo puede desplazarlos y consumirlos en otro lugar. La imposibilidad de localizar los restos impediría posteriormente acreditar ante la Administración que la desaparición fue consecuencia de un ataque.

Registro de animales desaparecidos
Ante esta situación, Asaja pide la creación de un registro complementario de animales desaparecidos en explotaciones y zonas donde se hayan acreditado ataques. Considera que este mecanismo permitiría disponer de más información sobre la incidencia del lobo y serviría de base para revisar el reconocimiento y la compensación de los daños.

La organización también reclama modificar el criterio aplicado cuando un animal sobrevive inicialmente al ataque, pero muere posteriormente por las heridas, infecciones o secuelas. En estos casos propone que, cuando exista un informe veterinario que establezca una relación causal entre ambos hechos, prevalezca ese criterio técnico frente a los plazos administrativos establecidos.

Asaka plantea asimismo cambios para aquellos casos en los que buitres u otros animales carroñeros actúan sobre los cadáveres antes de la llegada de los agentes encargados de certificar el siniestro. La alteración o desaparición de los restos puede dificultar o impedir que se determine oficialmente la causa de la muerte.
Por ello, propone que puedan valorarse conjuntamente otros indicios, como lesiones compatibles con una predación, la existencia de ataques acreditados en la zona, las circunstancias en las que aparece el animal y otras evidencias técnicas.

La organización agraria sostiene además que las consecuencias económicas de los ataques no se limitan a los animales muertos. Entre ellas cita el incremento de la vigilancia, los cambios en el manejo de los rebaños, el estrés del ganado y posibles pérdidas reproductivas y productivas.