Un acuerdo judicial rebaja la pena por vender 13 gramos cocaína y evita su expulsión del país

Los hechos que se juzgan ocurrieron en agosto de 2025, cuando agentes de la Policía Nacional detectaron en una calle de la capital abulense a un hombre que, según consta en el procedimiento, “se levantaba apresuradamente y trataba de marcharse del lugar, al tiempo que arrojaba un envoltorio de plástico verde junto a un árbol”. El paquete contenía 13,97 gramos de cocaína con un 77,47% de pureza, valorados en 840,29 euros en el mercado ilícito.

Según el ministerio público, el hombre poseía la sustancia “con la intención de destinarla al consumo de terceras personas y procurarse así un ilícito beneficio económico”.

De cuatro años y siete meses a dos años de prisión

El ministerio fiscal solicitaba inicialmente cuatro años y siete meses de prisión y una multa de 2.520,87 euros, con 25 días de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. Dado que el acusado se encontraba en situación irregular en España en el momento de los hechos, la Fiscalía planteó sustituir la pena de cárcel por la expulsión del territorio español durante ocho años.

Sin embargo, este miércoles las partes han llegado a un acuerdo que rebaja la petición a dos años de prisión y una multa de 840 euros, con diez días de responsabilidad personal subsidiaria si no se abona la cantidad. 

La fiscalía ha considerado apropiado apreciar una menor entidad en la cuantía de la droga que le fue incautada al acusado, unos 13 gramos de cocaína. Una cuantía no muy elevada que ha llevado a modificar la petición a fin de llegar a un acuerdo de conformidad, según ha explicado la fiscalía, quien ha añadido que, de acuerdo con la jurisprudencia, la cantidad a partir de la cual se considera preordenada al tráfico es de siete gramos.

Cambio de criterio sobre la expulsión

El ministerio público también ha renunciado a solicitar la expulsión del acusado tras acreditar la defensa que actualmente cuenta con residencia legal en España, está casado con una ciudadana española y tiene un hijo. Y es que todo ello se consideramos arraigo suficiente como para no solicitar su expulsión, según el ministerio público.

El acuerdo implica también una rebaja proporcional de la multa a los 840 euros y deja abierta la posibilidad de que el condenado no ingrese en prisión, al encontrarse en el límite de la suspensión de la pena, aunque esta decisión queda pendiente de la fase de ejecución de la sentencia.

La Audiencia Provincial de Ávila no ha dictado aún sentencia. El fallo se emitirá en los próximos días, momento en el que se determinará si el condenado deberá cumplir la pena en prisión o si esta podrá ser suspendida, atendiendo a circunstancias como la ausencia de antecedentes penales.