La contratación pública busca reforzar su impacto social y económico en el medio rural

Así lo ha explicado en la jornada ‘Ley de Contratos del Sector Público al Servicio del Territorio, organizada por Fundabem y dirigida principalmente a responsables técnicos de las administraciones públicas.

El presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León ha destacado la importancia económica de esta actividad, que sitúa "en torno al 15 % del producto interior bruto en la Unión Europea", y su repercusión directa sobre la ciudadanía a través de infraestructuras, servicios y adquisición de bienes.

Cabero ha incidido especialmente en una vertiente que, según ha explicado, adquirió mayor relevancia con las directivas europeas de 2014 y posteriormente con la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público: incorporar criterios sociales a la contratación de las administraciones. "Toda contratación pública, además de cumplir en sí misma una finalidad de servicio público, tiene una dimensión social", ha señalado el presidente del CES, quien considera que todavía existen mecanismos pendientes de un desarrollo más amplio después de los años transcurridos desde la aprobación de la legislación.

Contratos reservados
Entre esas posibilidades se encuentran la reserva de contratos para determinadas entidades con fines sociales y la acción concertada en el ámbito de los servicios sociales, que permite recurrir a una fórmula distinta de la contratación pública ordinaria.

Cabero ha señalado que Castilla y León cuenta con legislación autonómica que desarrolla estos mecanismos y ha citado el Decreto 3/2022. El objetivo, ha explicado, es analizar cómo estas herramientas pueden contribuir a generar actividad económica en el territorio y favorecer la igualdad de oportunidades y el empleo de colectivos como las personas con discapacidad.

La jornada ha abordado precisamente la aplicación práctica de estas posibilidades por parte de quienes intervienen en la elaboración y ejecución de los contratos públicos. 

Experiencia en Salamanca

En este ámbito, el secretario general técnico de ADE Social, Arturo Santos, ha expuesto la experiencia desarrollada en Salamanca con la reserva de contratos y ha subrayado el papel que desempeñan los centros especiales de empleo de iniciativa social y las empresas de inserción. Los primeros trabajan con personas con discapacidad y las segundas con personas en riesgo o en situación de exclusión social.

Santos ha defendido que su participación en la contratación pública genera un retorno para la sociedad y ha sostenido que también supone ahorro para las administraciones al facilitar la incorporación al mercado laboral de personas que, de otra forma, podrían necesitar prestaciones sociales.

"La disposición adicional cuarta de la ley de contratación pública del año 2017 dice que esta reserva de contratos para las administraciones públicas no es potestativa, es obligatoria", ha afirmado.

El presidente de Fundabem, Fernando García, ha explicado que la jornada pretende trasladar estas herramientas a los responsables de contratación y servicios de compras de las administraciones para facilitar su aplicación en los territorios.

Según García, las fórmulas contempladas tanto en la Ley de Contratos del Sector Público como en la normativa sobre economía social pueden contribuir a que "la economía de los territorios, especialmente de los pueblos, pero también de las capitales de provincia, aumente generando un beneficio social". La jornada tiene un carácter técnico y se desarrolla en formato presencial y en línea para llegar a los 1.100 secretarios y secretarias municipales de toda España.

Cabero también ha defendido la necesidad de divulgar estas posibilidades entre el personal especializado de las administraciones. "Se habla mucho de la contratación pública desde la perspectiva de los precios, pero se habla menos aún de la dimensión social de esa contratación, que es tan importante", ha señalado.